Los siete pecados judiciales del PP

Los populares temen que los escándalos sigan haciéndoles perder apoyos en las urnas el 26J


madrid / colpisa

La fianza civil (1,2 millones) que debe depositar el PP en la causa de la caja B, pieza separada del caso Gürtel, ha provocado una airada reacción del partido que sustenta al Gobierno de Rajoy. Los populares centraron su crítica en el momento político de la resolución, a menos de un mes de las elecciones. La corrupción le pasó factura al PP el 20D, cuando perdió más de tres millones de votos. Pero lejos de remitir, la tormenta judicial para el PP tiene otros frentes abiertos. 

Caja B

Esta pieza del caso Gürtel es la causa judicial que más compromete al PP. Los papeles de Bárcenas y la fortuna oculta por el extesorero son el origen. El PP está acusado como responsable civil subsidiario de los delitos supuestamente cometidos por sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, por el exgerente Cristóbal Páez y por Unifica, la empresa que hizo las obras de la sede nacional y que cobró parte en negro. Los jueces han confirmado la veracidad de entradas y salidas de dinero a delegaciones territoriales, donaciones, gastos y sobresueldos a sus dirigentes. 

Caso Gürtel.

Sus múltiples piezas separadas han sido el procedimiento que más daños colaterales ha causado al PP. Ha salpicado a exdirigentes del partido nacional, como la exministra Ana Mato, pero sobre todo a los populares de Madrid y Valencia, como los gobiernos de Esperanza Aguirre y Francisco Camps (el exdirector general de la Policía y expresidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), marcados por las actividades ilícitas del entramado encabezado por Francisco Correa. Pero también salpicó a Castilla y León y Castilla-La Mancha. 

Caso Taula.

La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, está a la espera de que el Supremo decida si la encausa por blanqueo de capitales en la financiación del grupo municipal popular. La solución, probablemente, en julio. 

Operación Púnica.

El juez investiga una «gigantesca» red de tráfico de influencias en Madrid, Valencia, Murcia y León desde 1999 hasta el 2009, que provocó la marcha de la expresidenta regional del PP Esperanza Aguirre. Su número dos, Francisco Granados, está en prisión desde el 2014. Los daños colaterales alcanzan a la actual Asamblea de Madrid. Al menos tres parlamentarios y un consejero de Cristina Cifuentes se han visto salpicados. El cataclismo político podría llegar en la pieza de Púnica que aún sigue secreta: la supuesta financiación irregular del PP de Madrid. 

Casos Pokémon y Cóndor.

Diversas causas de corrupción que se siguen en un juzgado de Lugo podrían tener consecuencias directas en las autonómicas de otoño. Se investiga a dirigentes locales del PP gallego. 

Pujalte, De la Serna y Arístegui.

Un juzgado de Valladolid ha abierto una causa contra el exdiputado del PP Pujalte por supuesta falsedad documental y cohecho. La causa afecta también a la exsenadora Ana Torme, los exdiputados Alejandro Ballestero y Ramón Gómez de la Serna y al exembajador Gustavo de Arístegui. Los dos últimos también están siendo investigados por recibir supuestas comisiones irregulares por mediar en favor de empresas españolas en Argelia. 

Caso Acuamed.

Es la empresa del Ministerio de Agricultura acusada de un fraude millonario por la adjudicación irregular de contratos y pagos por obras inexistentes. Era ministro Miguel Arias Cañete, hoy comisario europeo

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