Acusa también a la cúpula de la agencia andaluza que ayuda a empresas
15 may 2014 . Actualizado a las 11:29 h.La jueza Mercedes Alaya ha dado una vuelta de tuerca al caso de los ERE al imputar a Braulio Medel, presidente de Unicaja, la primera entidad financiera de Andalucía y una de las diez primeras de España. La decisión de la jueza figura en un auto de 92 folios en los que acusa a 25 personas de los delitos continuados de prevaricación, malversación falsedad en relación con una serie de ayudas ilegales concedidas a dos empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, José Enrique Rosendo y José María Sayago, quienes, según un informe de la Guardia Civil, recibieron 34,2 millones de euros en ayudas de la Junta de Andalucía.
En la nueva lista de imputados, nueve de los cuales ya lo estaban en otros apartados de la causa, figuran, además de Medel, José María Bueno Lidón, expresidente de otra entidad financiera andaluza, El Monte; el jefe de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, Francisco del Río; y toda la cúpula de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), la entidad encargada de gestionar y pagar las ayudas que concedía la Consejería de Empleo.
En esta subtrama del caso de los ERE, la jueza Alaya investiga la concesión de numerosas ayudas y subvenciones concedidas a empresas y personas físicas de la Sierra Norte de Sevilla con cargo a fondos públicos al margen de de los procedimientos legales establecidos. Los principales beneficiados de esas ayudas fueron los empresarios José Enrique Rosendo, hijo de un exalcalde socialista de El Pedroso, y José María Sayago. Ambos están imputados por la instructora, que les impuso una fianza de 34 millones.
Alaya ha impulsado esta investigación justo después de que la Fiscalía Anticorrupción recurriera a la Audiencia Provincial de Sevilla para que ordene a la jueza que separe esta pieza de la causa de los ERE y la eleve ya al Tribunal Supremo, al encontrarse implicados en ella tres aforados: los exconsejeros de la Junta José Antonio Viera y Francisco Vallejo, así como el parlamentario socialista José Caballos. Anticorrupción argumenta que la investigación en sede judicial ya está agotada sin dirigirla personalmente contra alguno de los aforados.
Pero la jueza Alaya, lejos de atender los argumentos de Anticorrupción, ha dado un nuevo y renovado impulso a su investigación con las nuevas imputaciones. A todos ellos los acusa de haber participado, en una u otra medida, en la aprobación de una serie de convenios con las empresas beneficiadas de las ayudas siendo conscientes «de la inobservancia generalizada del procedimiento de subvenciones y de la ausencia tanto de bases reguladoras como de fiscalización».
Convenios ilegales
El motivo de las nuevas imputaciones es que todos ellos habrían participado como miembros del consejo rector de la agencia Idea en la aprobación de una serie de convenios elaborados al margen de la ley y que originaron un importante déficit presupuestario en la Consejería de Empleo.
Braulio Medel habría participado en los hechos que la jueza considera ilegales en su calidad de viceconsejero de Economía y Hacienda, cargo que ocupó entre los años 1986 y 1991. El actual presidente de Unicaja, que deberá acudir a declarar ante la juez el próximo miércoles, votó a favor de la firma de 39 convenios. A Francisco del Río, jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2008, le acusa de no haber opuesto reparo alguno a la firma de 22 convenios.
La jueza ha citado a declarar a todos ellos para la próxima semana, con una agenda que incluye cinco interrogatorios diarios.