Cristina de Borbón rechaza recurrir su imputación después de que el equipo jurídico de la duquesa la advirtiese de que esta vez sí la Audiencia Provincial iba a dar la razón al juez
12 ene 2014 . Actualizado a las 13:38 h.Golpe de timón a la estrategia procesal de la infanta en el caso Nóos. No habrá recurso a su citación como imputada por fraude fiscal y blanqueo de capitales. La defensa de Cristina de Borbón esta vez no dará batalla para evitar que su cliente haga el paseíllo en los juzgados de Palma.
Los letrados del despacho de Miquel Roca y la propia duquesa han llegado a la convicción de que cualquier apelación solo iba a alargar el «martirio» mediático porque, ahora sí, la Audiencia Provincial iba a dar la razón al juez Castro al considerar que sí hay indicios suficientes al menos para escuchar a la hija de los reyes de España. A cambio de no recurrir, la esposa de Urdangarin pide adelantar su interrogatorio para acabar «cuanto antes» con «la injusta e incómoda situación» de su imputación.
El despacho de Roca Junyent hacía pública ayer la nota de prensa que ponía punto y final a más de 72 horas de vertiginosas negociaciones a varias bandas y de reuniones cruzadas entre la propia infanta; sus abogados de Barcelona, Palma y Madrid; los asesores de la Zarzuela; el letrado de Urdangarin; la Fiscalía; el magistrado Castro y la Abogacía del Estado.
La medidísima nota de prensa era la confirmación de que se había cerrado un acuerdo tácito y multilateral con solo dos cláusulas a cumplir entre todos los implicados: a cambio de que Cristina de Borbón no recurriese ni en reforma ni en apelación su citación, todas las partes del caso Nóos consentirán que se adelante el interrogatorio previsto para el 8 de marzo, a fin de acortar en lo posible la agonía. La última palabra la tiene el instructor, quien, según fuentes cercanas al juzgado, apuntaría a finales de este mes de enero o, más probablemente, a principios de febrero. Una decisión que no tomará hasta que el próximo miércoles a las 15 horas concluya el plazo para oficializar cualquier recurso.
Los defensores de la hija menor del rey quisieron otorgar al anuncio un tono casi institucional, alejado incluso del lenguaje jurídico: «Su alteza real no ha participado en ninguna actividad ni en ninguna actuación que pueda ser calificada contraria a Derecho y así quiere aclararlo cuanto antes ante el excelentísimo señor juez instructor».
El equipo jurídico, que dejó claro desde el principio que la infanta había participado en el estudio «sereno» de la situación y que comparte esta nueva estrategia, también se esmeró en aclarar que la no presentación del recurso no supone aceptar las acusaciones del juez y que la única razón de no presentar batalla es para no alargar más el proceso.
Hasta aquí las razones oficiales. Pero detrás del comunicado del despacho Roca Junyent hay, al menos, otros tres argumentos de peso, según coinciden todas las fuentes del caso Nóos consultadas. El primero es el convencimiento del equipo letrado que los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Palma, que en mayo dejaron en suspenso el primer interrogatorio, ahora no iban a volver a dar un varapalo a Castro. Sobre todo, porque fueron esos tres mismos magistrados los que señalaron al instructor la vía de tratar de imputar de nuevo a la duquesa por los delitos de fraude fiscal y blanqueo, exactamente como hizo Castro en el extenso y motivadísimo auto.
No llegará al banquillo
La segunda razón de los abogados es la convicción de que, a pesar de las pruebas de que la infanta usó los fondos de Aizoon para gastos propios, nunca podrán sentarla en el banquillo porque esa cantidad no llega al mínimo para hablar de delito.
Es verdad que el sumario está plagado de documentos que prueban que el matrimonio gastó casi 700.000 euros de los fondos de Aizoon sin declararlos como IRPF. Las pruebas son también abundantes a la hora de demostrar que el matrimonio usaba la inmobiliaria fantasma para cargar gastos personales para desgravar. Sin embargo, esos cargos repartidos por casi dos lustros, se haga como se haga la cuenta, no llegan al mínimo de 120.000 euros anuales que suponen un ilícito penal, ya que hay que dividirlos entre los dos miembros del matrimonio, al margen de que muchos de ellos se refieren a ejercicios que ya están prescritos.
El tercer razonamiento es que la táctica del 2013 de evitar a toda costa la declaración, además de inútil y de provocar un desgaste aún mayor a la imagen de la duquesa de Palma y de la monarquía, ha empeorado la situación procesal de la infanta, a la que, por la negativa a ser interrogada en esa primera citación, se ha sometido durante nueve meses a una intensísima investigación fiscal, que ha dejado a la imputada en la tesitura de tener que defenderse de acusaciones mucho más fundadas que a las que se enfrentaba en la primavera pasada.
Castro estudia adelantar la citación a este mes o principios de febrero
La hija del rey quiere evitar que se deteriore más su imagen y la de la monarquía