Las defensas califican de «corruptela procesal» las últimas imputaciones
30 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Partido Popular de Andalucía (PP-A) solicitó formalmente a la juez instructora Mercedes Alaya que expulse a la Junta de Andalucía del procedimiento judicial de los ERE fraudulentos pagados con dinero público, en el que está personada como acusación. La petición de expulsión fue presentada ya en el juzgado por el portavoz del grupo parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, quien explicó que, tras el reciente recurso presentado por la Administración autonómica contra la imputación de una veintena de cargos y ex altos cargos «no se sostiene que la Junta esté acusando y defendiendo a la vez». Según los populares andaluces, las últimas comparecencias ante la jueza Alaya han puesto de manifiesto que «todo era una trama organizada» y que «todos los que estaban sentados en el Consejo de Gobierno conocían el fraude» de las ayudas irregulares a empresas en crisis.
Rojas también anunció que registrará una petición para que el presidente autonómico, José Antonio Griñán, comparezca en el Parlamento regional antes de la sesión de investidura de su sucesora, Susana Díaz, que se celebrará en septiembre, para que «explique su dimisión y la situación en la que deja a Andalucía».
El último recurso de la Junta al que alude Rojas cuestionaba el auto de imputación de ex altos cargos al entender que la falta de motivación en las imputaciones podría dar pie a una futura petición de nulidad de la instrucción por parte de los afectados, con lo que se «evitaría la reparación completa del daño producido a los intereses públicos». Es decir, para garantizar que el Gobierno andaluz pudiera recuperar el dinero defraudado, que ronda los 140 millones de euros, entre ayudas directas a empresas, pagos a intrusos en los ERE y abonos de servicios y sobrecomisiones a las empresas mediadoras.
Imputaciones selectivas
La defensa del viceconsejero de Presidencia de la Junta, Antonio Vicente Lozano, y de Buenaventura Aguilera, ambos ex directores generales de Presupuestos, ha pedido a la Audiencia de Sevilla la nulidad del auto en que Alaya los imputa, junto a otros 18 cargos o ex altos cargos. El letrado José María Mohedano califica el proceso llevado a cabo por la magistrada de «corruptela procesal» por la imputación «selectiva» de personas, eludiendo en todo momento a los aforados para mantener el caso bajo su jurisdicción. Dice el abogado que, «a estas alturas de la investigación, no se puede imputar a Buenaventura Aguilera sin una relación completa, detallada y específica de cuáles son los indicios criminales que según el juzgado se han puesto de relieve desde que declaró como testigo hasta el auto de su imputación».