La inspección del Consejo propone el archivo de una querella por los mismos hechos y de otra por la cacería con Bermejo
10 mar 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Después de tres meses de exhaustivas indagaciones en diferentes organismos nacionales e internacionales, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha resuelto no admitir a trámite una querella contra el juez Baltasar Garzón interpuesta por el abogado alicantino Antonio Panea Yeste, en la que se le imputaba haber percibido 1,7 millones de dólares del Banco de Santander por unos cursos en el Centro Rey Juan Carlos, de Estados Unidos, y haber archivado después una querella contra directivos de la entidad bancaria.
El auto del Supremo, notificado ayer y del que fue ponente Luciano Varela, rechaza que haya indicios de delitos de cohecho o prevaricación en la actuación del juez. En cambio, remite la documentación al Poder Judicial para que determine si el juez ha incurrido en una falta muy grave por no haber notificado que ingresó 160.333 dólares (unos 127.000 euros al cambio actual) en concepto de sueldo por su actividad docente en la Universidad de Nueva York durante el «permiso de estudios» que obtuvo desde el 2005 hasta mediados del 2006.
En paralelo, y al margen del auto del Supremo, el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial hizo pública ayer una propuesta de resolución de la comisión disciplinaria en la que pide el archivo de la información previa abierta tras una denuncia formulada sobre esos cobros por el mismo querellante.
Los cobros
Baltasar Garzón, al tiempo que impartía docencia en la Universidad de Nueva York, fue invitado por el Centro Rey Juan Carlos, de Nueva York, que asumió el pago de los gastos de viaje por 21.152 dólares y la escolarización de una hija del juez por 21.650 dólares. Garzón se encargó de coordinar y moderar una serie de coloquios, por los que no percibió retribución alguna. Posteriormente, el centro de Derecho y Seguridad le entregó 160.333,14 dólares en concepto de sueldo por participar en una serie de eventos y publicaciones y por impartir dos horas de docencia los martes, participando en todas las clases, siendo profesor principal en un par de ocasiones.
El tribunal afirma en el auto que otra cantidad de 302.000 dólares entregada por el banco BSCH a la universidad neoyorquina, aunque pueda sugerir que sirviera para costear las actividades que gestionó Baltasar Garzón, «no puede decirse que la entidad bancaria le entregase su patrocinio al juez querellado».
Una vez zanjado el tema central sin que se apreciasen indicios de delito, el auto alude a otras cuestiones relacionadas con la estancia de Garzón en Nueva York que pudieran ser sancionables como falta grave. Argumenta al respeto la resolución, de la que fue ponente Luciano Varela, que «no puede ignorarse que las instancias del querellado al Consejo del Poder Judicial -para solicitar la prórroga de su permiso- no comunicaron la percepción de sueldo a través de nómina, limitándose a hacer referencia a sufragio de gastos».
Añade que «las cantidades percibidas pudieran exceder de los límites fijados en la ley para el supuesto de actividades autorizadas para su compatibilidad con el cargo que el juez desempeña, incluso dando por supuesto que la licencia conllevase implícita tal compatibilidad».
La cacería
Por otra parte, la inspección del CGPJ informó también ayer sobre la petición del PP de sanción contra Garzón por haber compartido una jornada de cacería con el ex ministro Mariano Fernández Bermejo estando en marcha la operación Gürtel. Los inspectores entienden que esta conducta no puede subsumirse en ninguna de las faltas disciplinarias recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que ha propuesto a la comisión disciplinaria, que se reúne hoy, que archive la información abierta tras haber recibido una denuncia del PP a raíz de la polémica cacería que provocó la dimisión del ministro.