Los magistrados del Supremo destacaron la «precariedad» de la embarcación La Sala Segunda del Tribunal Supremo condenó a tres años y dos meses de cárcel, y al pago de una multa de 75.727 euros (12,6 millones de pesetas), a dos tripulantes de una patera que fue interceptada cerca de Fuerteventura, con 13 inmigrantes a bordo que iban a ser introducidos de forma irregular en España. Los magistrados justificaron la aplicación de la pena máxima en la «precariedad» de la embarcación que utilizaban.
11 jul 2002 . Actualizado a las 07:00 h.El Tribunal Supremo impuso una pena de tres años y dos meses de cárcel a los dos patrones de una patera que trasladaba inmigrantes desde las costas de Marruecos hasta las islas Canarias, en lo que supone una de las primeras condenas firmes por el nuevo delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tipificado en la reforma del Código Penal aprobada hace ocho años por el último Gobierno socialista. Los magistrados destacan en su fallo que la embarcación que utilizaban para su actividad ilegal carecía «de los mínimos elementos de seguridad» y que, por lo tanto, pusieron en peligro la vida de los viajeros. Desaparecidos En Fuerteventura, la Guardia Civil detuvo ayer a siete inmigrantes sin papeles que podrían ser parte de los nueve que hasta ayer se daban como desaparecidos tras el naufragio el martes de una patera y que estaban siendo buscados en la mar. Al parecer, los sin papeles lograron ganar la costa a nado y adentrarse varios kilómetros tierra adentro. No obstante, las autoridades destacaron que la dificultad para para comprender a los supervivientes complicó en gran medida las labores de rescate, ya que las informaciones que aportaban eran confusas y contradictorias. Además, unos pescadores de Tuineje, en el sur de Fuerteventura, descubrieron ayer en el mar el cadáver de un hombre que, por el aspecto, podría llevar en el agua cerca de cuatro días, ya que se encontraba en avanzado estado de descomposición. Este hallazgo se suma al que se produjo anteayer aguas cercanas a la costa de Morro Jable, en Pájara, donde fue rescatado el cadáver de otro inmigrante. Protesta en Sevilla En Sevilla, los más de 400 inmigrantes encerrados en la Universidad Pablo de Olavide desde el pasado día 10 de junio «no tienen una opinión común» sobre la posibilidad de levantar la protesta, a pesar de los consejos de la institución académica y de la Junta de Andalucía. Un grupo de indocumentados duda sobre el abandono del campus porque afirman que «no tienen donde ir». Por el momento, los encerrados están entregando su documentación a la comisión jurídica que tramitará sus expedientes para poder regularizar su situación en el país.