ENTREVISTA Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, embajador para la Corte del Tribunal Penal Internacional Fue durante casi una década asesor diplomático de Felipe González. Juan Antonio Yáñez-Barnuevo lo dejó en 1991 para ir como embajador permanente de España ante las Naciones Unidas. Este diplomático de carrera es ahora quien mejor conoce todos los entresijos para lograr que entre en funcionamiento el Tribunal Penal Internacional. El objetivo es que los genocidas y criminales de guerra del futuro tengan las horas contadas.
21 jun 2000 . Actualizado a las 07:00 h._El Gobierno ha dado el impulso definitivo para que España ratifique el Estatuto que pondrá en marcha el Tribunal Penal Internacional. ¿Qué plazos quedan? _El proyecto, una vez examinado por el Congreso, debe pasar al Senado, pero esperamos que en otoño España pueda ya depositar su instrumento de ratificación. Estaría entonces entre los 15 ó 20 primeros países en ratificar el Estatuto. _Además del valor político que tiene en sí mismo, ¿qué otras ventajas ofrece estar entre los 60 primeros países que lo ratifiquen? _Hay dos aspectos. Primero, la importancia política y de compromiso con la defensa de los derechos humanos de estar entre los primeros países que den vida al Estatuto. Pero también, esos 60 países serán los que participen en la elección de los jueces, fiscales y del personal al servicio del tribunal. _En el caso concreto de los jueces que opten a esos puestos, ¿deben ser designados por el Poder Judicial?, ¿Por el Gobierno? ¿Cuál es la fórmula? _El objetivo es que, más o menos dos terceras partes de los jueces sean especialistas en Derecho Penal y la otra, en Derecho Internacional y derechos humanos. En ambos casos es el Estado es el que presenta a sus candidatos y, en su ámbito interno, cada Estado sigue los prodecimientos aplicables para elegir los magistrados de su más alto nivel. Me estoy anticipando, pero tendría su lógica que el Gobierno consultase al Consejo General del Poder Judicial. _Mientras Pinochet estuvo detenido en Londres usted fue una de las personas a las que el Gobierno solicitó informes del caso. ¿Cree cierta esa sensación que pudo quedar de que España, como Estado, o el propio Gobierno pudieron hacer más para que no regresara a Chile? _Comprendo que alguien pueda tener esa sensación, pero también creo que España en su conjunto, es decir, las administraciones judiciales y el Gobierno hicieron todo lo que estaba dentro de sus competencias y facultades. Se dio un ejemplo al mundo y un paso muy importante para la Justicia Penal Internacional.