La Audiencia Nacional emplaza a la Fiscalía a pedir el decomiso de 34 millones de euros bloqueados a una de las compañías del exdirectivo de la petrolera
09 jun 2025 . Actualizado a las 18:57 h.El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama decretó ayer una orden de busca y captura nacional al expresidente de Cepsa Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, por blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en relación con el edificio madrileño Torre Foster, conocida popularmente como Torre Cepsa, dado que alberga las oficinas de la compañía. En el auto, el magistrado plantea a la Fiscalía la presentación de una demanda para decomiso de 34 millones de euros de las sociedades vinculadas a Al Qubaisi y que el destinatario final sea el Estado español. Además, reclama una serie de inmuebles situados en Marbella, Estepona y Madrid.
La investigación nace con la reventa de la Torre Cepsa en el 2016 a Amancio Ortega, operación que le reportó al expresidente de la petrolera un beneficio de 100 millones de euros y en la que, según el magistrado Calama, el jeque desarrolló una operativa a través de sociedades instrumentales con objeto de proceder al blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos, así como a la evasión fiscal de las ganancias atesoradas con dichos ilícitos capitales.
Para Calama, los hechos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales cometido por el titular real del dinero con el que se pagó la prima para la opción de compra, acompañada del abono de la fianza para el arrendamiento objeto del contrato, esto es, Abdulla Khadem Buti Al Qubasi. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional subraya que «mediante la utilización de una ingeniería jurídico-societaria adherida a la actividad de ciertos intermediarios en determinados ámbitos de nuestra economía ha contribuido a oscurecer las relaciones negociales auténticas entre las diversas personas jurídicas y físicas contempladas en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal. De esta forma, las mercantiles a las que inicialmente se dirigía la denuncia formulada son meramente instrumentales, cuyo único fin es colocar fondos desvinculándolos de su origen ilícito». Además, aclara que también serían constitutivos de un delito contra la Hacienda pública puesto que como titular real aparece como beneficiario de las ganancias materializadas tres años después, que alcanzan, aproximadamente, la cantidad de 100 millones de euros.