El ministro se ha visto obligado a aparcar los planes que tenía cuando llegó al Gobierno en aras de los apoyos parlamentarios y la bendición sindical
19 mar 2023 . Actualizado a las 17:53 h.La reforma de las pensiones que el Gobierno aprobó este jueves no es la reforma soñada por José Luis Escrivá. El ministro de Seguridad Social se ha visto obligado a aparcar los planes que tenía en su cabeza cuando entró en el Gobierno, en el mes de enero del 2020, para obtener un respaldo suficiente en el Congreso, el apoyo de los sindicatos y no soliviantar los ánimos de diez millones de pensionistas en vísperas de elecciones.
Por ello, los giros que ha ido dando en su discurso de cara a realizar cambios en el sistema de pensiones que garanticen su sostenibilidad futura han sido varios. Es más, algunos de ellos contradictorios. Cuando asumió las riendas del sistema de pensiones español, que supone a día de hoy un gasto anual de más de 190.000 millones de euros, tenía claro cuál era su meta: cerrar «de forma rápida y efectiva» el déficit que arrastraba desde hacía años y hacerlo sin sacrificar el poder adquisitivo de los jubilados. Se había marcado el objetivo de eliminar el agujero en el 2023. Pero abandonará su puesto sin lograr cumplir con este compromiso, aunque sí ha blindado la subida de las pensiones con el IPC.
Aunque para poder pagar esta revalorización que dispara el gasto y afrontar la oleada de jubilaciones que habrá en las próximas décadas por la generación del baby boom, ha tenido que desdecirse de las afirmaciones que hacía cuando fiscalizaba las cuentas públicas en su cargo de presidente de la autoridad fiscal (AiREF). En abril del 2019, apenas nueves meses antes de que Escrivá accediera al Gobierno, este organismo, bajo el mando de Escrivá, afirmaba, con gráfico adjunto que avalaban esos datos: «Las cotizaciones sociales en España son relativamente altas, situándose 6 puntos por encima de la media de la OCDE». Por ello, desaconsejaba incrementarla y «únicamente reconfigurarlas».
Triple subida de cotización
La semana pasada, el ministro daba un giro brusco a este discurso y sostenía ante la comisión del Pacto de Toledo que «los costes laborales españoles se mantienen en niveles relativamente bajos en comparación con otros países de Europa». Por eso, Escrivá no ve problema en implantar una triple cotización adicional para recaudar más: se ha puesto en marcha ya un mecanismo de ajuste que supone más cotización para todos los trabajadores sin excepción, habrá una subida extra del 38 % de las bases máximas en los próximos años y las rentas altas pagarán un recargo de hasta el 6 % por el salario que esté exento de cotización.
También, defendía que para mantener el principio de contributividad del sistema, las pensiones máximas deberían subir prácticamente lo mismo que las cotizaciones máximas. Sin embargo, la nueva reforma ampliará la brecha que a día de hoy ya existe, puesto que mientras que las cuotas se elevarán un 38 % adicional hasta el 2050, las pensiones solo crecerán un 3% extra en ese período.
De igual manera, siempre ha sido partidario de la necesidad de ampliar el período de cálculo de las nuevas pensiones, tanto en su faceta como presidente de la AiREF como hasta hace bien poco. Es más, hace poco más de un año se hizo pública su propuesta de ampliar de los actuales 25 años a 35. Él siempre lo negó, pero los papeles se filtraron a la prensa. Después rebajó esta propuesta a una extensión a 30 años y la medida que finalmente se ha aprobado supone una ampliación a 29 años, de los que se descartarán los dos peores, y que se combinarán con el actual método durante las próximas dos décadas. Asimismo, Escrivá hasta hace bien poco defendía mantener el actual mecanismo de equidad aprobado hace poco más de un año y que entró en vigor el pasado enero. Sin embargo, la nueva ley lo amplía hasta 2050 (ahora solo operaba hasta 2032) y además duplica su cuantía hasta elevarla al 1,2% para contentar así a Bruselas, a la que nunca le gustó un ajuste que no fuera automático.
