Las pensiones mínimas de viudedad subirán hasta 126 euros al mes para equipararse a las de jubilación
ECONOMÍA
El Gobierno pacta con Bildu hacer permanente el alza del 15 % en las pensiones no contributivas
17 mar 2023 . Actualizado a las 12:51 h.El mismo día en que el Consejo de Ministros aprobó la segunda parte de la reforma de las pensiones, el Ministerio de Seguridad Social ha cerrado el primer acuerdo con un grupo parlamentario para asegurarse la convalidación del decreto en el Congreso. Así, EH Bildu ha anunciado que ha alcanzado un pacto con el departamento que dirige José Luis Escrivá para equiparar las pensiones contributivas mínimas de viudedad con las de jubilación y, a la vez, hacer permanente el incremento del 15 % en las pensiones no contributivas acordado el año pasado con el Ejecutivo para paliar los efectos de la inflación en este colectivo.
La portavoz aberzale, Mertxe Aizpurua, explicó en el Parlamento que la cuantía mínima de las pensiones contributivas de viudedad aumentará entre 1.775 y 3.800 euros anuales en los próximos cuatro ejercicios, hasta equipararse con las de jubilación. El mayor incremento se notará en el 2024 cuando, en función de la modalidad, los perceptores de una paga de viudedad aumentarán entre 40 euros (las individuales) y 126 euros al mes (las prestaciones para pensionistas con cargas familiares).
Desde la formación independentista destacaron que «los aumentos acordados supondrán que ninguna pensión de viudedad vuelva a estar por debajo del umbral de la pobreza», y recordaron que la escasa cuantía de estas prestaciones «ha condenado a las mujeres con estas pensiones a vivir en la precariedad».
En realidad, lo que hace el acuerdo entre el Gobierno y Bildu es extender a las pensiones de viudedad la cláusula introducida en esta reforma de las pensiones para que, a partir del 2027, la cuantía mínima de la prestación contributiva por jubilación con cónyuge a cargo no pueda ser inferior al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos, lo que implicará elevarlas hasta el entorno de los 1.180 euros en cada una de las 14 pagas anuales (frente a los 905,9 en los que se sitúa actualmente la de viudedad con cargas familiares).
Pese a la equiparación con la jubilación, desde el Gobierno confirmaron que se mantendrán cuantías mínimas diferenciadas en la pensión de viudedad en función de la edad del perceptor y de sus circunstancias personales. De esta forma, si la nómina anual de las viudas con cargas familiares pasará de 12.683 euros actuales a 16.511 dentro de cuatro años (273,4 euros más en cada paga), la de las mayores de 65 años o discapacitadas se elevará en 1.918 euros anuales (hasta 12.881), las de aquellas entre 60 y 64 años en 1.794 euros (hasta 12.050 al año) y las de las menores de 60, en 1.453 euros (hasta un total de 9.759 euros anuales, frente a los 8.306 actuales).
Se mantiene la subida de las no contributivas
El segundo punto del acuerdo del Gobierno y Bildu pasa por mantener de forma permanente el incremento del 15 % en el importe de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, que se aprobó en el verano del 2022 para aliviar la situación que la subida de la inflación provocó en este colectivo de bajos ingresos, una medida que luego se prorrogó para este año.
La medida afecta a unos 37.000 gallegos que cobran estas pensiones no contributivas (24.000 las de jubilación y 12.900 las de invalidez), cuya nómina media se ha incrementado en más de 80 euros mensuales (de 390 a 470 la de jubilación y de 431 a 520 la de incapacidad) por el incremento del 15 %. Un alza que ahora se mantendrá de forma permanente y que también repercutirá en el ingreso mínimo vital, ya que el importe de las rentas garantizadas va ligado al de las pensiones no contributivas.
Desde Bildu destacan que, con estos cambios, unido al cumplimiento de otras de sus exigencias (el incremento de las pensiones mínimas y la no ampliación del período de cómputo de la pensión de manera obligatoria), «la reforma planteada por el Gobierno adquiere un carácter más justo, con un mayor avance en la defensa y protección social de los pensionistas», por lo que facilitará la convalidación del decreto ley en el Congreso.
El Gobierno eleva el recargo sobre los salarios más altos, que llegará hasta el 7 %
L. Palacios / Colpisa
En el último momento y tras un acuerdo con el PDECat, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, incluyó este jueves, en la segunda fase de la reforma de las pensiones, un recargo mayor del previsto para los salarios más altos. Así, los trabajadores que ganen ahora más de 100.000 euros pagarán hasta un 7 % en el 2045 por toda esa parte del salario que está exenta de cotización (actualmente, la que sobrepasa los 54.000 euros actuales), lo que supone un punto porcentual más de lo pactado ayer con los sindicatos y de lo aprobado apenas unas horas antes, por la mañana, en el Consejo de Ministros. Por el contrario, el recargo para los que cobren menos de esa cuantía se reduce ligeramente hasta un 6 o un 5,5 % en dicho año.
El acuerdo con los nacionalistas catalanes prevé que se establezcan tres tramos para que la bautizada como cuota de solidaridad sea más progresiva. Se implantará desde el año 2025 de forma gradual, con una tasa inicial del 0,92 % para las retribuciones que no superen en más de un 10 % la base máxima, del 1 % para los salarios que superen entre un 10 y un 50 % ese tope de cotización y del 1,17 % para los que sobrepasen en más de un 50 % esa base máxima. Esas cifras se irán incrementando en torno a un cuarto de punto cada año hasta llegar, al final del período transitorio, en el 2045, al 5,5 %, 6 % y 7 %, respectivamente.
Esta cuota se sumará al mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que se aplica desde este año para todos los trabajadores y que la nueva norma eleva del actual 0,6 % al 1,2 % (cifra que se alcanzará en el 2029 y que se extenderá hasta el 2050, 18 años más de lo previsto cuando se aprobó esa cotización adicional, hace menos de un año.
Escrivá se mostró exultante durante su comparecencia y se mostró completamente convencido de que logrará el apoyo del Congreso durante su tramitación y que recibirá el aval de Bruselas a su reforma, desbloqueando el cuarto desembolso de los fondos de recuperación.
Sin embargo, Seguridad Social reconoció a las formaciones parlamentarias que es posible que tengan que hacer modificaciones dentro de tres o cuatro años y se puedan incorporar cambios en el IVA o IRPF, según fuentes cercanas a la negociación.
