En el 2020 se produjeron 14.792 okupaciones, un 42 % más que cinco años atrás
03 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.¿Tiene usted un okupa en su vida? ¿Conoce a alguien que lo tenga? Parece que este problema no interesa resolverlo a pesar de que, según datos del Ministerio del Interior, en el 2020 se produjeron 14.792 okupaciones, un 42 % más que cinco años atrás. El PDECat presentó allá por el mes de mayo una iniciativa parlamentaria para que los okupas pudieran ser desalojados en 48 horas. En concreto, en esta proposición de ley plantea tres medidas básicas:
1.- Modificar el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que desde que se interponga una denuncia por okupación ilegal se abra un plazo de 48 horas tras el que un juzgado pueda ordenar el desalojo si el ocupante no presenta un título de propiedad o un contrato de alquiler que le habilite para seguir en el inmueble.
2.- Reformar la Ley de Propiedad Horizontal para facultar a las comunidades de propietarios a acudir a la vía civil para solicitar el desalojo (medida pensada para aquellas comunidades de vecinos que ven como un piso abandonado es okupado y ellos no pueden hacer nada).
3.- Modificar el artículo 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local para añadir como competencia propia de los ayuntamientos su actuación ante una okupación ilegal, de modo que puedan tomar la iniciativa desde las juntas locales de seguridad.
El responsable de esta iniciativa fue el diputado Genis Boadella, abogado, y persona adscrita a la Comisión de Justicia.
—¿Por qué esta iniciativa parlamentaria?
—Según datos del Ministerio del Interior, en Cataluña se producen el 42 % de las okupaciones ilegales de todo el Estado. Por este motivo presentamos esta iniciativa, porque es algo que preocupa mucho y es necesario disponer de instrumentos jurídicos nuevos y eficaces para hacer frente a esta problemática. Creemos que en política hay que ser valientes y dar soluciones a lo que la gente necesita, por muy controvertidos o delicados que sean los problemas, siempre desde el rigor y lejos de populismos.
—¿A quién no le interesa solucionar un problema tan antiguo?
—A aquellas fuerzas políticas que buscan pasar de perfil o incluso desapercibidas por problemas que existen, que afectan a muchas personas, pero a veces con soluciones impopulares. En el PDECat tenemos claro que estamos en política para mejorar el bienestar de la gente y proteger sus derechos: que se atente contra tu propiedad merece una respuesta a la altura por parte de las instituciones, sea cómodo o no articular esta respuesta.
—¿Conoce a alguien a quien le hayan okupado su vivienda?
—Sí. Mucha gente se nos ha acercado para explicarnos esta problemática, y a mucha otra gente la hemos ido a ver directamente nosotros, cuando hemos tenido conocimiento de estos hechos. Lo hemos hecho a través de nuestros alcaldes. Basta con leer los periódicos o ver las noticias para ser conscientes de que la okupación ilegal de viviendas es un fenómeno muy extendido. Nos hemos puesto manos a la obra para que nadie tenga que pasar por la angustia de que le okupen su vivienda.
—¿Cuál es la medida más urgente que se debe de tomar?
—Todas las medidas incluidas en la proposición son positivas y complementarias entre ellas, porque en los casos de okupación se suelen dar diferentes casuísticas. Pero si hay que escoger una, elijo la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: que el juez pueda articular una medida cautelar ordenando el desalojo en el plazo máximo de 48 horas.
El PDECat ha dado un primer paso. Se podría esperar que algo se moviera a partir de septiembre. Pero es cierto: solo se supone.