La Comisión de Dereito Civil «rexeita» el plan estatal para tributar por herencias en vida

Juan María Capeáns Garrido
Juan Capeáns SANTIAGO / LA VOZ

ECONOMÍA

XOAN CARLOS GIL

El órgano consultivo remitirá un informe a los grupos políticos

02 jun 2021 . Actualizado a las 17:39 h.

El Gobierno gallego ha dado el segundo paso para poner freno al proyecto de ley estatal que, dentro de una iniciativa de la Agencia Tributaria contra el fraude fiscal, supondrá un incremento de los impuestos a los gallegos que opten por la transmisión sucesoria en vida. La medida fue aprobada inicialmente por el Congreso la pasada semana y ahora está pendiente de superar el trámite del Senado antes de llegar de nuevo a la Cámara baja para su visto bueno definitivo.

¿En qué se traduce? En que los gallegos que hereden en vida una propiedad tendrán que pagar la plusvalía entre el precio al que se incorporó al patrimonio familiar y el de venta final si los progenitores no han fallecido todavía, cuando la Xunta, recurriendo a la potestad del Estatuto de Autonomía y al Derecho Civil de Galicia, había decidido en el 2016 eximir de esa carga impositiva para favorecer ese tipo de transmisiones y facilitar los proyectos vitales de las generaciones más jóvenes.

El primer gesto de oposición lo ofreció el presidente de la Xunta el pasado jueves al trasladar su «opinión» de que esta medida impulsada por Hacienda, que también afecta a los catalanes y baleares, era «ilegal» por vulnerar las normas y competencias sobre derecho civil reconocidas a Galicia. El segundo no ha esperado mucho más, ya que el Ejecutivo gallego convocó a la Comisión Superior para o Estudo e Desenvolvemento do Dereito Civil galego, presidida por el vicepresidente primero, Alfonso Rueda. La conclusión del órgano consultivo ha sido «rexeitar» el proyecto legislativo estatal por entender que «vulnera os principios de igualdade e neutralidade do sistema tributario en comparación coas herdanzas por falecemento, e establece unha presunción xeral de fraude nunha figura arraigada do Dereito Civil galego». A juicio de la comisión, el Gobierno de España «vai en contra das costumes e institucións de Galicia» al pretender obligar a los beneficiarios de un pacto sucesorio a mantenerse como titulares de un bien para evitar el incremento fiscal en el IRPF, del que hasta ahora estaban exentos.

A partir de esta primera reflexión, la comisión ha anunciado la elaboración de un informe que será compartido con los grupos parlamentarios con el objetivo de agotar la vía política, aunque las posibilidades de éxito son escasas si se tiene en cuenta que en el primer trámite en el Congreso ya se rechazaron alegaciones al respecto, y el reparto de fuerzas en el Senado no invita a pensar que se vaya a producir alguna corrección. En Galicia, la reacción de la Xunta sí tendría eco al menos entre el grupo popular y el BNG, que ya expresó su desacuerdo en las Cortes a través de su diputado Néstor Rego.

Si la vía del diálogo parlamentario fracasa, quedará la opción judicial, «alternativa» que el Gobierno gallego no descarta. La Xunta recuerda que, desde el 2016, unos 142.000 gallegos recibieron bienes legados por esta vía sin que Hacienda haya podido constatar que detrás de esta opción exista algún intento ilegítimo de esquivar al fisco.