El Gobierno se escuda en tres informes para defender el rescate de Plus Ultra
ECONOMÍA
La aerolínea recibirá 52 millones del Fondo de Solvencia de la SEPI
23 mar 2021 . Actualizado a las 21:46 h.Arrecian las críticas al rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibirá 52 millones de euros del Fondo de Solvencia que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Diferentes grupos parlamentarios -desde el PP a Ciudadanos o Vox- han cuestionado la legalidad de la operación, por considerar que no cumple con las condiciones exigidas para acceder a los fondos de la SEPI, entre ellos, el de ser una empresa «estratégica». Incluso Ryanair estudia llevar a los tribunales europeos la anulación de la ayuda.
Sin embargo, el Gobierno ha cerrado filas en la defensa de la operación, aprobada por el Consejo de Ministros, y sobre la que la oposición exige que sea el Congreso quien dé el visto bueno.
«Despilfarro» y «cachondeo»
El líder del PP, Pablo Casado, arremetía recientemente vía Twitter contra el rescate de la aerolínea, a la que calificó de «tapadera chavista», afeando al Ejecutivo que «despilfarre» el dinero de los españoles en lugar de «ayudar a las 100.000 pymes quebradas».
También este martes el presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, aseguraba en una entrevista que dicha ayuda suponía «cachondearse de los ciudadanos españoles, cachondearse de los autónomos y de las pequeñas empresas españolas», recordando que se había publicado que los propietarios de la aerolínea «tienen cuentas en un paraíso fiscal como es Panamá», algo que constituiría otro de los impedimentos expresos.
Estratégica para el país
Sin embargo, desde el Ejecutivo insisten en defender la legalidad de la ayuda concedida. Ayer trascendió que la SEPI encargó tres informes independientes para analizar la concesión a Plus Ultra, y que todos -según avanzó El País- ofrecieron un resultado favorable al rescate.
En concreto, los informes los hicieron el banco de inversión Daiwa Corporate Advisory, Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y recogen que la compañía cumple los requisitos para acceder al Fondo de Solvencia y que debe ser considerada estratégica tanto por su relevancia para la economía como por su papel en la conectividad aérea del país.