El Gobierno retira redes de control para recibir los fondos de la UE más rápido
ECONOMÍA
La Xunta le exige máximas garantías jurídicas, urbanísticas y medioambientales
03 mar 2021 . Actualizado a las 09:11 h.Menos control y menos supervisión para garantizar que las ayudas europeas se canalizan de forma exprés a la economía española. Es la fórmula por la que ha optado el Gobierno de Pedro Sánchez para gestionar los fondos europeos del Next Generation EU. El Ejecutivo teme que los cuellos de botella obstaculicen la inyección de los primeros 27.000 millones de euros (2021) de los 140.000 asignados a España. Por eso, en lugar de ampliar las plantillas, Sánchez ha optado por retirar las redes de prevención del despilfarro.
Eso dice el polémico informe del Consejo de Estado, publicado el pasado lunes. No cuestiona los esfuerzos por reducir la burocracia -algo necesario- o la gestión centralizada, común en países como Francia o Alemania, sino la ausencia de medidas de contrapeso: «No parece acertado que la simplificación de trámites se acompañe de una significativa reducción de los diferentes mecanismos de control previstos en el ordenamiento para garantizar una recta asignación de los fondos recibidos», reza el documento en el que se sugiere que la reforma se centre en la «simplificación y agilización de los procedimientos, acompañada de una revisión de plazos y de la ampliación de medios humanos y materiales necesarios».
Ni los expertos juristas, ni los economistas ni la oposición política están de acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo de Sánchez. Y existen serias dudas de que sea legal. El eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, quien estuvo trabajando en el reglamento del fondo europeo, cree que el haber dinamitado las redes de control «pone en peligro la autorización de Bruselas, sin duda». Basta con pasar la lupa a su articulado para entender lo que hay en juego. En él se especifica que, a la hora de dar luz verde, la Comisión Europea «tendrá en cuenta el sistema de control interno descrito en el plan» que debería apoyarse en «procesos y estructuras sólidos. En un sistema de control para prevenir, detectar y corregir el fraude y los conflictos de intereses». A juicio de Garicano, el plan del Gobierno no pasa la prueba del algodón, por eso apela a la creación de una comisión independiente que evalúe ex ante y ex post todos los proyectos: «Antes de que un proyecto se proponga a Bruselas, tiene que haber alguien que vea que sirve para algo y que evalúe si realmente ha tenido utilidad y si se hizo lo que se dijo que iba a hacer».
Esa es precisamente la labor que hará la Junta Nacional de Productividad alemana. En España se ha pasado de puntillas por estos trámites de evaluación e incluso se han eliminado requisitos como la presentación de informes o de declaraciones de impacto, según los casos. Incluso se ha dejado en manos del Consejo de Ministros la autorización de las subvenciones de más de 12 millones de euros. Sin embargo, los países vecinos están reforzando todos los resortes de control. Es el caso de Portugal, donde la Fiscalía ha creado un grupo de expertos encargados de desarrollar estrategias para evitar y combatir el fraude con los fondos. Las dudas llegan hasta en cuestiones que podrían parecer triviales, pero que no lo son. El Consejo de Estado aún alberga muchas dudas sobre el Comité Técnico que debe engrasar el plan: «Como mínimo debería fijarse un número máximo de integrantes [...] Quizá fuera oportuno establecer alguna de las reglas esenciales para su funcionamiento», señala el documento en el que se critica que no haya plazos para la rendición de cuentas.
Criterios arbitrarios
El informe ha levantado polvareda en Galicia. El «amplio margen de discrecionalidad» que detecta el organismo ya lo denunció la Xunta cuando se conocieron las claves de reparto de fondos del React EU (un pilar del Next Generation EU) entre comunidades autónomas. El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, cargó ayer contra la falta de transparencia y arbitrariedad en los criterios y exigió al Gobierno central cumplir con las «máximas garantías xurídicas, urbanísticas e medioambientais e da máxima transparencia e participación durante o proceso».
Galicia resultó penalizada el pasado 28 de diciembre, cuando el Ejecutivo de Sánchez reveló que solo recibiría el 4,4 % de los 10.000 millones de euros disponibles para transferir a las comunidades. Solo recalarán en la región 441 millones hasta el 2023. No llegan a cubrir ni el 34 % de las inversiones que necesitan los planes verdes de la Xunta. «Pasan os meses e seguimos sen saber a que se refire o Goberno central cando fala de cogobernanza. Non sabemos cales son os criterios de distribución e cal é a folla de ruta. Non foi negociada coas autonomías e tampouco segue criterios obxectivos e transparentes. Está xestionando os fondos europeos de costas ás comunidades autónomas», se queja Conde.
