El Gobierno retira redes de control para recibir los fondos de la UE más rápido

Cristina Porteiro
c. porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

E. Parra. POOL

La Xunta le exige máximas garantías jurídicas, urbanísticas y medioambientales

03 mar 2021 . Actualizado a las 09:11 h.

Menos control y menos supervisión para garantizar que las ayudas europeas se canalizan de forma exprés a la economía española. Es la fórmula por la que ha optado el Gobierno de Pedro Sánchez para gestionar los fondos europeos del Next Generation EU. El Ejecutivo teme que los cuellos de botella obstaculicen la inyección de los primeros 27.000 millones de euros (2021) de los 140.000 asignados a España. Por eso, en lugar de ampliar las plantillas, Sánchez ha optado por retirar las redes de prevención del despilfarro.

Eso dice el polémico informe del Consejo de Estado, publicado el pasado lunes. No cuestiona los esfuerzos por reducir la burocracia -algo necesario- o la gestión centralizada, común en países como Francia o Alemania, sino la ausencia de medidas de contrapeso: «No parece acertado que la simplificación de trámites se acompañe de una significativa reducción de los diferentes mecanismos de control previstos en el ordenamiento para garantizar una recta asignación de los fondos recibidos», reza el documento en el que se sugiere que la reforma se centre en la «simplificación y agilización de los procedimientos, acompañada de una revisión de plazos y de la ampliación de medios humanos y materiales necesarios».

Ni los expertos juristas, ni los economistas ni la oposición política están de acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo de Sánchez. Y existen serias dudas de que sea legal. El eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, quien estuvo trabajando en el reglamento del fondo europeo, cree que el haber dinamitado las redes de control «pone en peligro la autorización de Bruselas, sin duda». Basta con pasar la lupa a su articulado para entender lo que hay en juego. En él se especifica que, a la hora de dar luz verde, la Comisión Europea «tendrá en cuenta el sistema de control interno descrito en el plan» que debería apoyarse en «procesos y estructuras sólidos. En un sistema de control para prevenir, detectar y corregir el fraude y los conflictos de intereses». A juicio de Garicano, el plan del Gobierno no pasa la prueba del algodón, por eso apela a la creación de una comisión independiente que evalúe ex ante y ex post todos los proyectos: «Antes de que un proyecto se proponga a Bruselas, tiene que haber alguien que vea que sirve para algo y que evalúe si realmente ha tenido utilidad y si se hizo lo que se dijo que iba a hacer».