En el plano económico, reiteró la necesidad de medidas para dar liquidez a las empresas y a los ciudadanos. Y citó, entre otras, la necesidad de agilizar el pago de la devolcuión del IVA y el pago a proveedores; así como aplazar el pago de impuestos y la urgencia de bajar el IVA a las mascarillas.
Además de la intervención del presidente gallego, el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, del PP, solicitó antes de la videoconferencia que se usen los «aciertos» de algunas autonomías como punto de partida para el desconfinamiento. «Los aciertos de las comunidades autónomas durante estas semanas pueden ser un buen punto de partida para elaborar juntos el plan de desconfinamiento», señaló.
Sánchez comunicó a los presidentes su decisión de solicitar una tercera prórroga del estado de alarma y permitir que los niños menores de doce años salgan a la calle a partir del 27 de abril. Y trata de acordar con ellos unas pautas comunes para esos paseos, fijando su límite temporal y el espacio en el que podrán deambular los menores acompañados de uno de sus progenitores. En general, todos pidierono más concreción sobre las condiciones en las que se aplicará esa medida.
Gonzalo Bareño
El estado de alarma se mantendrá al menos hasta el 9 de mayo, pero a partir del 27 de abril los niños podrán empezar a salir a la calle «un rato al día» de forma controlada para evitar contagios. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia en la Moncloa en la que ha señalado que probablemente lo harán los menores de hasta doce años, por lo que la medida no afectaría a los adolescentes.
Prórroga del confinamiento
«No podemos ponernos en riesgo con decisiones precipitadas. Debemos lograr más avances antes de entrar en la siguiente fase, la desescalada y la transición hacia la nueva normalidad». Así empezaba Sánchez su comunicado. Y concluía la explicación con un «no es posible levantar las medidas y pasar a la siguiente fase». Por lo tanto, la vigencia del estado de alarma se dilatará durante más tiempo y el presidente le comunicará a los presidentes autonómicos -ya mañana- y al Congreso su intención de ampliarlo hasta el próximo 9 de mayo.
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El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, fue de nuevo el más crítico y exigió que se devuelvan a Cataluña las competencias asumidas por el Estado para poder gestionar independientemente el desconfinamiento. A su juicio, cada territorio requiere respuestas diferenciadas y adaptadas a su situación epidemiológica y la capacidad de su sistema sanitario. La Generalitat tiene su propio plan de desconfinamiento, capitaneado por doctor Oriol Mitjà, que se ha mostrado muy crítico con la gestión del comité científico que asesora al Gobierno, presidido por Fernando Simón.
El lendakari, Iñigo Urkullu, pidió la salida restringida de menores a la calle, la apertura limitada de comercios y la posibilidad de hacer deporte individual, al menos en el País Vasco, desde el 27 de abril, asegurando que Euskadi cumple ya los indicadores establecidos por la OMS «para avanzar hacia otra etapa» en esta crisis del coronavirus. Defendió «un proceso de transición a la nueva normalidad, construido de modo compartido y singularizado, desde la coordinación y la corresponsabilidad», frente al planteamiento de «desescalada asimétrica con el pilotaje del Gobierno español» que anunció Sánchez.
La tónica común ha sido la de pedir a Sánchez más concreción sobre la desescalada «asimétrica» que anunció el presidente del Gobierno en su última comparecencia. El andaluz Juan Manuel Moreno reprochó al Ejecutivo que anuncie que los niños podrán salir el 27 de abril y no aclare en qué condiciones podrán hacerlo.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, reclamó que se pueda hacer deporte al aire libre y que las embarazadas puedan salir a pasear.
La madrileña Isabel Díaz Ayuso insistió en una medida que ya ha propuesto el presidente de los populares, Pablo Casado, para que se decrete el luto nacional. Ayuso propuso además que a partir de ahaora las reuniones de presidentes autonómicos se hagan en la Comisión General de las Autonomías del Senado para alcanzar allí un Pacto de Estado que dé imagen de unidad. El valenciano Ximo Puig solicitó unas «bases comunes» y «una ejecución profundamente descentralizada» para abordar esa desescalada en las medidas de confinamiento y propuso un «sistema de apertura y cierre dinámico» para impedir que se produzcan rebrotes.
Por Castilla-La Mancha, su presidente, Emiliano García-Page, se mostró de acuerdo en que se tengan en cuenta las situaciones específicas de cada territorio porque «no todo el mundo tiene las mismas condiciones». Pero incidió en que es necesaria «mucha coordinación» con el Gobierno de España y un diálogo permanente entre autonomías. Explicó, a modo de ejemplo, que las decisiones que se adopten en Madrid «afectan mucho» a Castilla-La Mancha.
Otra petición común fue que no solo se controle el precio de las mascarillas para evitar la especulación, sino que se rebaje también el IVA de estos productos, dejándolo en el 4 %.
Sánchez pidió reforzar la atención primaria para la desescalada
Pese a las reclamaciones de casi todos, Sánchez no ofreció detalles sobre las nuevas medidas que se plantean para relajar el confinamiento y adelantó que para tomar cada decisión será «decisivo» el manejo de los datos de infectados por los médicos de atención primaria. Por ello, de cara al futuro, pidió a los presidentes autonómicos que refuercen la atención primaria en sus comunidades para prepararse para la desescalada a partir de mayo. Exigió mejorar la coordinación entre las autonomías y el Gobierno. «Mucha más de la que hemos tenido hasta ahora», dijo, al tiempo que precisó que la comunicación de datos deber ser lo «más rápida y eficaz posible»
Se refirió también al ámbito educativo, destacando la necesidad de alcanzar un acuerdo común sobre las conciones en las que se dará por finalizado el curso. «Tratemos de aunar posiciones y trabajar coordinadamente en la planificación del próximo curso escolar», señaló ante la decisión de algunas comunidades de descolgarse del pacto anunciado por el Ministerio de Educación, que prevé que la norma sea el aprobado general y solo en casos extraordinarios los alumnos repitan curso.