Portugal se apunta al alquiler vitalicio

El Gobierno de Costa trata de poner coto a la escalada del coste de la vivienda


Redacción / La Voz

El Gobierno del vecino Portugal sigue firme en su empeño de regular el mercado del alquiler. El Ejecutivo que preside el socialista António Costa lleva ya unos meses intentando poner coto a la escalada de los precios de los arrendamientos con el fin de ponerla al alcance de la clase media. Detrás de esta subida, múltiples factores. El bum de los pisos turísticos y el aterrizaje de decenas de multinacionales en suelo luso han disparado el coste del alquiler. Y las consecuencias no han tardado en dejarse notar. Porque la subida de precios está provocando el éxodo de muchos residentes portugueses a la periferia de las ciudades. Con la meta de cambiar esta realidad, Costa y su equipo se pusieron manos a la obra hace un año para tratar de sacar al mercado una nueva modalidad de alquiler. Bautizados como contratos de vivienda vitalicios -cuyo decreto-ley entró en vigor ayer a pesar de haber sido aprobado por el Gobierno hace doce meses- reconocerán el derecho a residir durante toda la vida en una casa ajena.

Eso sí, con condiciones. Primero, como es lógico, tendrán que estar de acuerdo tanto propietario como inquilino. Ambos dejarán constancia de su acuerdo a través de la firma de un contrato. Además, el arrendatario tendrá que realizar el pago de un depósito inicial de entre el 10 y el 20 % del valor de la casa y abonar, claro está, la cantidad mensual (el alquiler) que corresponda. Esta última no será inamovible. Tampoco podrá escalar hasta límites insostenibles. Porque el precio del alquiler será actualizado según la inflación. Uno de los principales beneficios que obtendrá el inquilino es que él será el único que tendrá la capacidad de romper el contrato firmado. Y hay más, porque en caso de que la relación entre ambas partes cese, el arrendatario podrá recuperar total o parcialmente el depósito inicial (aquel de entre el 10 y el 20 % del valor de la casa) en función del tiempo que haya pasado desde que se firmó el contrato.

Si todo sale según lo previsto y el inquilino no encuentra razones para romper los vínculos con su casero, el contrato cesará en el momento de la muerte del primero, sin que haya ninguna posibilidad de transmitir el derecho a sus descendientes.

Para dejarlo claro, el Gobierno socialista aseguró en su momento que este nuevo régimen que entra en juego, «ni es alquiler, ni se trata de tener propiedad sobre la casa». Lo que persiguen los de Costa, tal y como ellos mismos explicaron en su momento, es crear una solución estable para las familias y ofrecer a los propietarios un aumento del capital disponible sin necesidad de desprenderse de sus inmuebles. Está por ver si la jugada acaba por funcionar y Costa da con la tecla de una cuestión que solo les ha traído quebraderos de cabeza. Y es que otra de las medidas estrella aprobada por su Ejecutivo en este sentido no consiguió cosechar los resultados esperados.

Un fiasco

El pasado mes de junio, Portugal decidió lanzar una reforma revolucionaria. Bautizada como el Programa de Arrendamiento Accesible (PAA), el Ejecutivo ofrecía a los propietarios de viviendas bonificaciones fiscales si bajaban los alquileres hasta ajustarse a unos topes fijados por la propia Administración. El precio máximo se determinaba en función de la zona del país en la que estuviera erigido el inmueble así del tamaño del mismo. Resumiendo mucho la letra pequeña, la mayoría de las viviendas que se quisieran beneficiar de los incentivos no podrían arrendarse por más de 675 euros mensuales. También se fijaban requisitos para los beneficiarios. Si el inquilino es una única persona, no puede tener unos ingresos brutos anuales que superen los 35.000 euros, mientras que si el contrato lo firma una pareja, esta cifra no podrá superar los 45.000 euros, a los que pueden sumar 5.000 por cada hijo.

El resultado fue un fiasco. Y eso que los de Costa pusieron la venda antes de la herida. El Ejecutivo luso esperaba que se acogieran al plan tan solo un 20 % de los inmuebles en alquiler del país. Pero el desenlace fue peor. En su primer mes de aplicación, solo logró convencer a un puñado de propietarios y a duras penas se firmaron una decena de contratos.

Matar al inquilino para especular con el inmueble

Digno de un guion de Netflix, los excesos inmobiliarios en Portugal han traspasado todos los límites imaginables. Los vecinos lusos siguen tratando de digerir la última historia que ha provocado el bum del ladrillo en el país. El protagonista, un empresario chino encarcelado por haber causado la muerte de uno de sus inquilinos con un incendio que buscaba el desalojo de un edificio. Y a pesar del crimen, el especulador logró vender -entre rejas- el inmueble. Lo hizo con jugosos beneficios: más de 500.000 euros.

El caso, destapado esta semana por medios portugueses, ha caído como una auténtica bomba entre los ciudadanos, que de un tiempo a esta parte demandan medidas que frenen los excesos de la especulación inmobiliaria.

La escalada en la que vive inmerso el mercado del alquiler está provocando la expulsión del centro de las ciudades de una parte importante de los ciudadanos de a pie. Su lugar lo ocupan inversores, en su mayoría procedentes de China y Rusia, que llegan con la cartera bien pertrechada y dispuestos a adquirir inmuebles muy caros para revenderlos poco después por cifras mucho mayores.

Ese era precisamente el objetivo que perseguía Chenglong Li, un empresario chino que compró en el 2016 un edificio en Oporto por 645.000 euros y que lo vendió hace unos días por 1,2 millones.

El comprador, que había mostrado su interés ya en noviembre del 2018, solo puso una condición sobre la mesa: el edificio debía entregarse vacío antes del 31 de mayo del 2019. Y ahí empezó la guerra. Una de las familias que habitaban el inmueble -una mujer de 88 años y varios hijos- tenían un contrato de alquiler de duración ilimitada y decidieron plantarse ante las exigencias de su casero oriental. Li llegó incluso a tentarles con varias ofertas económicas, la máxima por valor de 40.000 euros. No fue suficiente para echarlos.

«Van a salir bien o mal»

El empresario no cejó en su empeño. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, contrató a tres personas para, «a través de la intimidación y la amenaza», obligar a sus inquilinos a hacer las maletas. «Ustedes van a salir bien o mal», les advirtió. Y cumplió con su promesa. El pasado 23 de febrero se produjo un primer incendio que «tuvo una evolución débil». Era el primer aviso. El siguiente no tardó en llegar. El 2 de marzo, las llamas volvieron a alertar a la familia con un desenlace mucho peor. En el segundo fuego falleció uno de los hijos (de 55 años) de la mujer.

Las pruebas que recogieron los bomberos fueron suficientes para detener a Li, imputado por un delito de homicidio, cinco por tentativas, extorsión y blanqueo de capitales.

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