El plan estrella de Portugal para rebajar el alquiler solo consigue diez contratos

Manoli Sío Dopeso
m. sío dopeso VIGO / LA VOZ

ECONOMÍA

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Hay demanda, pero faltan pisos, porque la bonificación fiscal no convence a los caseros

07 ago 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

A pocos meses para las elecciones legislativas, el Gobierno del socialista António Costa, harto de ver cómo los portugueses sufren las consecuencias de la burbuja inmobiliaria provocada por el bum del turismo, decidió lanzar una ley revolucionaria: el Programa de Arrendamiento Accesible (PAA), que ofrece a los propietarios de viviendas bonificaciones fiscales si bajan los alquileres hasta ajustarse a unos topes fijados por la Administración en función de la zona del país en el que se encuentre el inmueble y de su tamaño. De acuerdo a esas tablas, la mayoría de las viviendas del país vecino que se quisieran beneficiar de estos incentivos fiscales no podrían arrendarse por más de 675 euros mensuales.

Ya desde sus inicios, el Gobierno luso se mostró cauto con sus expectativas. Esperaba que se acogieran al plan un 20 % de los inmuebles en alquiler del país, y no de manera inmediata. Por eso, la tímida acogida de esta medida legislativa en su primer mes de aplicación no puede considerarse un fracaso absoluto, a pesar de que solo se ha logrado que se firmen diez contratos.  

Faltan pisos

El problema con el que se han encontrado, tal vez esperado, es que hay más demanda de pisos a precios asequibles que caseros dispuestos a rebajar las rentas, a pesar de la recompensa fiscal que se ofrece. Según el balance de la secretaria de Estado de Vivienda, el programa PAA se cerró a 31 de julio con 2.264 candidatos para solo 89 pisos adheridos.

Los propietarios valoran los beneficios fiscales que incluye la iniciativa -entre ellos, la exención en el impuesto de la renta de los ingresos del alquiler y una posible reducción del equivalente luso del IBI-, pero afirman que el programa no les interesa porque se basa en una tabla de alquileres con precios muy inferiores a los del mercado

Por eso, la ley se ha ganado el enfado y el rechazo de los inversores inmobiliarios. Según el presidente de la Associação Lisbonense de Proprietários (ALP), Luís Menezes, «el Gobierno, con su idea de establecer restricciones absurdas, lo que está consiguiendo es desmotivar a los propietarios para que alquilen sus viviendas».

Como ejemplo, señalan que la renta tope de 600 euros mensuales para un estudio en Lisboa no es realista en una ciudad en la que actualmente se alquilan habitaciones en pisos compartidos por el mismo precio. Con ese panorama, las deducciones fiscales no son suficientes para compensar las pérdidas que implica la participación en el programa.  

Siguen siendo caros

Los inquilinos, por su parte, se quejan precisamente por el motivo contrario: aseguran que el Gobierno fija precios máximos demasiado altos y muy poco ajustados a los sueldos portugueses.

En el país vecino, los ingresos medios no superan los 21.000 euros anuales (aunque con grandes disparidades), y el salario mínimo está fijado en los 700 euros mensuales. Por eso, pese a que el precio máximo está entre un 20 y un 30 % por debajo de los valores de mercado en cada zona, siguen siendo pisos caros para la gran mayoría de la población.