El exconsejero delegado del BBVA se niega a declarar por el caso Villarejo

Apenas ha estado media hora en la Audiencia Nacional, donde este jueves estaba citado


MADRID

No ha habido sorpresas. Como el resto de altos cargos y exdirectivos del BBVA que le precedieron la semana pasada, el exconsejero delegado de la entidad financiera, Ángel Cano, también se ha acogido a su derecho a no declarar en la Audiencia Nacional, donde este jueves estaba citado como investigado dentro de una de las piezas separadas del caso Villarejo, la que indaga sobre el espionaje realizado a políticos, empresarios y periodistas por parte de una empresa del excomisario -actualmente en prisión- supuestamente por encargo del BBVA, que entonces presidía Francisco González.

Junto con Cano, también estaba citado Ricardo Gómez Barredo, miembro del consejo de administración de Garanti, la filial turca del BBVA. Ambos debían haber declarado hace una semana, pero se pospuso porque estaban fuera del país. Los dos llegaron a la Audiencia unos minutos antes de las 10 de la mañana, hora a la que había sido citados por el juez responsable de la causa, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia, Manuel García Castellón, y se marcharon apenas media hora más tarde.

Sin medidas cautelares

A preguntas de los periodistas a su salida, Cano respondió que se había acogido a su derecho a no declarar y que no había presentado documentación alguna. La Fiscalía Anticorrupción tampoco pidió para ninguno de ellos medidas cautelares, a diferencia de lo que hizo con el exresponsable de seguridad del BBVA en los años que se investigan, Julio Corrochano, para el que se ha acordado una fianza de 300.000 euros (debe depositarla en 15 días, que vencen el próximo 24 de este mes) para eludir la prisión.

Cabe recordar que el excomisario Villarejo declaró el miércoles en la prisión madrileña de Estremera en relación con esta pieza y admitió que Corrochano fue su interlocutor del BBVA para la contratación de Cenyt, la empresa a través de la que realizaban las escuchas. El contrato data de finales del 2004 y el objetivo del banco era impedir el asalto de la empresa Sacyr, presidida por Luis del Rivero, al consejo de administración del BBVA. Sin embargo, según explicó el abogado de Villarejo ayer, el excomisario aseguró que la relación de Cenyt con la entidad financiera se prolongó hasta el 2017, a través de un contrato de asesoría en materia de seguridad e investigación patrimonial de deudores.

En esta ronda de interrogatorios, el único cargo investigado del banco que ha accedido a declarar ha sido Antonio Béjar, presidente de Distrito Castellana Norte, sociedad participada por el BBVA y la constructora San José. Béjar, que fue jefe del área de riesgos y recuperaciones inmobiliarias, explicó al juez que la contratación de Cenyt se ciñó a la localización de morosos. El resto de investigados se acogió a su derecho a no declarar porque la pieza aún está bajo secreto de sumario y desconocen de qué se les acusa.

Según la investigación, el banco contrató los servicios de Cenyt por 5 millones de euros  y esta intervino más de 15.000 llamadas telefónicas de exministros, empresarios y periodistas. El nombre de Corrochano aparece en contratos con Cenyt, y en intervenciones telefónicas consta una conversación suya en la que asegura que el «presi» le llamaba cada diez o quince días, en alusión a Francisco González, conocido como FG, lo que supondría que estaba al corriente de esta operación de espionaje. Aunque González no está investigado en la causa, el estallido del escándalo forzó su renuncia como presidente de honor del BBVA el pasado marzo, cargo al que accedió después de adelantar su salida de la presidencia, en diciembre del 2018.

Nuevos audios 

Este jueves Moncloa.com y El Confidencial difunden una batería de audios en los que el exjefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano, traslada a Villarejo un encargo cuyo origen atribuye a Francisco González y del que sería conocedor «Ángel», en fechas (el 2009) en que Cano era el número dos del banco. Se trataba de conseguir que Martinsa, la empresa de Fernando Martín, afrontase la deuda que tenía con la entidad, evitando que ocultasen bienes.

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