Y si tengo que firmar hoy una hipoteca, ¿a quién le corresponde pagar el tributo?

Ana Balseiro
Ana Balseiro MADRID

ECONOMÍA

Rafael Martínez

Se trata de la pregunta más repetida en las últimas semanas

08 nov 2018 . Actualizado a las 15:53 h.

Esa es la pregunta del millón. Y su respuesta no ha dejado de cambiar en las últimas tres semanas. De hecho, hasta la noche del martes, cuando el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo avanzó su decisión de que serían los clientes y no los bancos los que deberían pagar el gravamen, los notarios ya estaban informando a quienes se acercaban a sus despachos a firmar una hipoteca de que estaba pendiente de aclarar quién era el sujeto pasivo del gravamen.

Según confirmaron ayer fuentes del Consejo General del Notariado, la decisión del Gobierno de aprobar un real decreto ley para cargar al banco con el tributo no cambia en absoluto cómo están desarrollando los fedatarios públicos su función respecto a la firma de hipotecas.

El notario sigue informando

«Nos limitamos a informar a las partes de cómo está la situación jurídica del impuesto. Si hasta hoy [por ayer] las avisábamos de que el Supremo había decidido que fuera el cliente quien pagara, a partir de mañana las informaremos del cambio. Son las partes quienes deciden qué hacer. Aunque lo normal, al llegar al notario, es que sigan adelante, porque ya tienen perfectamente negociadas las condiciones», explican desde el notariado, donde también explican que no dispondrán hasta diciembre de estadísticas que confirmen si esta polémica ha paralizado, o al menos ralentizado, la actividad hipotecaria.

Treinta días para liquidarlo

En cualquier caso, dado que el impuesto sobre actos jurídicos documentados tiene un plazo de 30 días hábiles para liquidarse ante la Hacienda autonómica correspondiente, quienes firmen ahora una hipoteca tendrán ya legalmente aclarado quién es el sujeto pasivo del gravamen cuando expire el plazo de pago.

Por otra parte, en los últimos días el PP ha defendido la eliminación del tributo, implantado en 1993 por el Gobierno de Felipe González para dotar de mayor capacidad financiera a las comunidades autónomas. Pedro Sánchez, por su parte, respondió ayer al planteamiento de los populares recomendándoles que «hablen con los presidentes de sus comunidades autónomas, a ver qué les parece prescindir de esos ingresos».

En lo que respecta a Unidos Podemos, Pablo Iglesias considera que el anuncio del Ejecutivo no es suficiente, y defendió que se les devuelva a los clientes el dinero abonado en los últimos cuatro años, los no prescritos a efectos fiscales.