Crece 27.800 millones en un año, más que el gasto en desempleo e infraestructuras
18 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La maquinaria pública no para de gastar dinero para atender todas las necesidades de sus distintas Administraciones. El problema es que su consumo crece más rápido que la riqueza que genera el país, por más que España haya bajado del temido nivel del 3 % de déficit y escape así de los ajustes más severos de Bruselas. Lo peor, sin embargo, no vendrá a corto plazo, sino a medio y largo. El endeudamiento nacional vuelve a acercarse de forma peligrosa a la frontera del 100 % del producto interior bruto (PIB), que ya superó en buena parte del 2016 y también en la primera mitad del 2015 -porque el INE revisaría luego a la baja la producción nacional-.
De momento, al cierre de junio la deuda pública se situó en el 98,8 % del PIB, según los últimos datos del Banco de España publicados ayer. Se encuentra dos puntos por encima del objetivo del 96,8 % que el anterior Gobierno incluyó en el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2018 -que el Ejecutivo actual respalda- y al que se comprometió con la Comisión Europea. No sería la primera vez que hay un desvío respecto a la previsión oficial: ya ocurrió el año pasado, cuando se rebasó en dos décimas la meta fijada y se cerró en el 98,3 %.
El pasivo total de las Administraciones se sitúa ahora en 1,163 billones (con b) de euros, marcando un nuevo máximo histórico; el anterior, inferior en 2.333 millones, se registró en marzo. En términos relativos, su avance puede parecer relativamente moderado (son solo seis décimas más que en mayo), pero en valores absolutos las cifras resultan bastante preocupantes. La deuda aumentó en 7.144 millones solo el mes pasado.
Para hacerse una idea de la magnitud de estas cifras, y con independencia de la comparativa con Europa -España cerró el 2017 con la quinta mayor ratio de deuda de la UE, aunque con Bélgica (107%) e Italia (134,1%) claramente por encima-, en los últimos doce meses el pasivo conjunto de las Administraciones públicas se ha disparado en 27.808 millones de euros, lo que supone un alza del 2,4 %. Con ese dinero se podría costear, por ejemplo, todo el presupuesto para servicios públicos generales (26.859 millones).
Como alternativa, también se podría financiar sin problema toda la partida reservada por el Estado en materia de empleo, tanto para abonar las prestaciones por paro (17.702 millones) como los incentivos para fomentar las contrataciones (5.716 millones). Incluso se podría haber afrontado el gasto anual en ayudas a los desempleados y las inversiones en infraestructuras (8.487 millones), en las que se incluyen partidas tan costosas como el desarrollo de la red ferroviaria de AVE o la construcción de nuevas carreteras.