Galicia busca consensuar una voz única en Bruselas contra el tijeretazo a la PAC

Xunta y sindicatos piden un nuevo tope en las ayudas, que librarían de recortes a la mayoría de los productores

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redacción / la voz

Galicia recibirá este año alrededor de 190 millones de euros procedentes de la Política Agraria Común (PAC), que se repartirán entre algo más de 32.000 agricultores, ganaderos y empresas vinculadas al medio rural. Cantidades lo suficientemente importantes como para que la comunidad apueste por una postura única a la hora de defender este nivel de ingresos, con vistas a la reforma de la PAC que Bruselas llevará a cabo para el período 2021-2027.

Esa es, al menos, la intención de la Consellería do Medio Rural, que en las últimas semanas ha mantenido reuniones con las principales cooperativas y organizaciones profesionales agrarias para consensuar un documento que será remitido en septiembre al Ministerio de Agricultura.

Entre las propuestas que plantea la Xunta se encuentra un rechazo total a una posible reducción de las ayudas -la intención inicial de la Comisión Europea apunta a un recorte del 5 %, que llegaría al 12 % a precios constantes- y la aceptación del plan estratégico nacional único que plantea Bruselas, que recoja, sin embargo, las particularidades de cada comunidad autónoma.

En este sentido, desde Medio Rural también se aboga por una nueva PAC que priorice con fondos exclusivamente comunitarios la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, y que esta, si se hace a través de alguna fórmula societaria, sea menos restrictiva que la actual. Se defiende, asimismo, una discriminación positiva para las zonas de montaña y con limitaciones naturales, así como para las pequeñas explotaciones. Estas últimas, de tenerse en cuenta las demandas gallegas, recibirían una mayor retribución por cada hectárea de terreno con el fin de no agravar las diferencias con aquellas granjas que disponen de mayor base territorial.

Otra de las demandas de Galicia tiene que ver con el establecimiento de medidas que permitan responder de forma rápida a las oscilaciones de los precios de los productos agrarios y de los factores productivos como los piensos y la energía, de forma que los agricultores puedan mantener sus rentas ante estas contingencias.

60.000 euros como tope

En el documento de trabajo presentado por la Xunta se apuesta por establecer una cuantía máxima de ayuda por explotación que sería de 60.000 euros -la propuesta inicial de la comisión apunta a reducciones progresivas hasta los 100.000 euros-, sin descontar costes sociales y laborales de los trabajadores ajenos, ni los correspondientes a los salarios relacionados con la actividad agraria de los titulares de la explotación.

De cumplirse este aspecto, la inmensa mayoría de los beneficiarios gallegos de la Política Agrícola Común (PAC) quedarían exentos del recorte o capping propuesto por la Comisión Europea en la próxima reforma de la PAC, según el estudio realizado por Unión de Uniones. De hecho, tomando como referencia los datos del Ministerio de Agricultura publicados sobre los beneficiarios del 2017, apenas un 1 % de los perceptores de ayudas cobran más de 60.000 euros. 

En Galicia, solo 19 de las más de 20.000 explotaciones existentes -entre leche y carne- percibieron más de 100.000 euros procedentes de la PAC el pasado año.

Una PAC ambiental

Más allá de que se mantenga o no el actual régimen de ayudas, lo que sí parece evidente es que la próxima PAC apostará todavía más por la protección ambiental y el cuidado del entorno. Tanto es así que entre las propuestas que plantea ya la Comisión Europea se encuentra una vinculación más estricta del apoyo financiero al cumplimiento de las normas sobre reducción del uso de plaguicidas y antibióticos por parte de los distintos estados miembros.

Del mismo modo, Bruselas también presenta nuevas obligaciones para agricultores y ganaderos en lo referente a la conservación de suelos ricos en carbono mediante la protección de humedales, la reducción de los niveles de amoníaco, la rotación de cultivos en lugar de la diversificación o la inclusión de regímenes ecológicos en los planes de los países.

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Ninguna granja entre los grandes perceptores de fondos

A pesar de que el cobro de las ayudas de la PAC se asocia normalmente a la actividad de las granjas lácteas o cárnicas, lo cierto es que ninguna explotación figura entre la lista de las 20 entidades que más dinero han recibido procedente de estos fondos agrícolas comunitarios el pasado año. Al contrario, son las industrias las que figuran entre las mayores perceptoras de dinero agrario de Bruselas. Según los datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), ha sido Queserías Entrepinares (uno de los grandes proveedores de Mercadona), a través de la firma Proláctea, la más beneficiada con 2,1 millones de euros para la puesta en marcha de sus instalaciones en Vilalba. Por su parte, Lasurgal de Melide, e Innolact con planta en Outeiro de Rei, se han beneficiado de 977.000 y 681.000 euros, respectivamente.

También las cooperativas (Coren percibió 1,3 millones, y O Rodo 446.000 euros), los consellos rectores (Rías Baixas logró 1,1 millones; Ribeiro, 495.000 euros; y Ternera Gallega, 413.000 euros) y ayuntamientos como A Estrada (241.000), Vilalba (227.000) u Oza-Cesuras (225.000 euros) figuran entre los principales beneficiarios en la comunidad. En lo referente a las explotaciones, Finca Canedo de Frades, con 172.000 euros; Granxa Carlota de Castroverde, con 168.000 euros; y Casa Grande de Xanceda, con 151.000, fueron las tres que más recibieron de Bruselas.

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