Los tres fondos extranjeros que quieren la AP-9 dejarían el control fuera de Galicia

J. M. P., S. V. REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Mila Méndez

Abanca, Sacyr y Liberbank abandonarían la gestión de la principal infraestructura viaria gallega

12 jul 2016 . Actualizado a las 01:45 h.

Tres fondos internacionales están interesados en las autopistas gallegas. Son los que controlan Globalvía, compañía que gestiona concesiones de infraestructuras y que tiene a su cargo una veintena de autopistas repartidas por toda España, Portugal, Irlanda, México, Costa Rica y Chile. También gestiona líneas de metro y tranvía en España, el aeropuerto de Chile, dos hospitales y puertos comerciales y deportivos. Globalvía presentó en las últimas horas una oferta a Sacyr, Abanca y Liberbank para hacerse con la participación del 45,1 % que las tres citadas entidades suman en Itínere, que gestiona las autopistas de Galicia, entre ellas la AP-9, que atraviesa Galicia de norte a sur.

Itínere es la sociedad que gestiona seis autopistas del norte de España, que suman unos 610 kilómetros de longitud, entre las que figuran la AP-1 Burgos-Armiñón, la AP-66 León-Campomanes y las autopistas gallegas, gestionadas por Audasa y Autoestradas de Galicia. La firma está controlada al 54% por Corsair Capital, un fondo estadounidense al que Citi Infrastructure traspasó la gestión de su cartera de infraestructuras. Sacyr cuenta con una participación del 15,5 % del capital de Itínere, mientras que Abanca tiene un 23 % y Liberbank, un 6 %,

La operación de compra de esa parte del accionariado de Itínere, en la que se engloba Audasa, la empresa de raíces gallegas que gestiona las autopistas AP-9, AP-53, AG-57 y AG-55, está en una fase de inicio de contactos, según confirmaron ayer fuentes conocedoras de la operación. Las mismas fuentes indicaron además que la de Globalvía es la única oferta que Sacyr, Abanca y Liberbank tienen sobre la mesa. Si las conversaciones fructifican la dirección de las principales vías de comunicación de Galicia se quedaría en manos de fondos extranjeros y muy alejados de los intereses y las preocupaciones gallegas.

La propuesta de adquisición tiene lugar en un momento que coincide con la recuperación que presenta el tráfico de las autopistas en España después de varios años de caídas. En el caso de las vías dependientes de Itínere, los aumentos oscilan desde el 2,46 % registrado en Autoestradas de Galicia hasta el 5,74 % de Aucalsa (en la autopista AP-66 León Campomanes). La cifra de negocio de la compañía creció un 4,2 % el pasado año, hasta sumar 280 millones de euros, mientras que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) se situó en 220 millones, un 5,6 % más. No obstante, la compañía concluyó el año 2015 con una pérdida de 60,3 millones, un 18 % superior a la del ejercicio precedente, afectada por el resultado financiero.

En el capítulo financiero, la compañía soporta un endeudamiento de 3.037 millones de euros, si bien el pasado mes de febrero cerró una refinanciación por la que alargó hasta el año 2025 el plazo de amortización de un préstamo sindicado.

En el punto de mira

La rentabilidad de la gran autopista gallega hace que vuelva a estar en el punto de mira de los grandes fondos de inversión. Globalvía, compañía de concesiones de infraestructuras participada por OPTrust, PGGM y USS, ha iniciado conversaciones preliminares con los accionistas minoritarios en Itínere -Abanca (tiene el 23,8 % del capital), Liberbank (5,8 %)y Sacyr (15,5 %)- para comprarles su participación que ronda el 45 %, según confirmaron fuentes de la operación, que recalcaron que las conversaciones son muy incipientes. No obstante la venta podría afectar también al 54 % del capital de Itínere que está en manos de Corsair -en el 20105 se hizo con la cartera de activos controlada por la norteamericana Citi- y por Kutxabank. Fuentes citadas por Expansión revelan que la valoración de Itinere supera los 1.000 millones, a los que habría que sumar otros 3.000 son deuda.

La compra del 100 % del capital de la compañía garantizaría a Globalvía un control sobre este activo. Acceder a un porcentaje minoritario, según fuentes del mercado, no le daría posibilidad ni de imponer una postura ante la gestión, que estaría controlada por el socio mayoritario, y al no ser Itínere una empresa cotizada en Bolsa, en caso de una nueva venta también tendría dificultad para hacer líquida su inversión. Sin embargo, ni Globalvía ni la mayoría de los involucrados en la operación quisieron dar ningún tipo de detalles.

La venta parece enmarcarse en el proceso de desinversión en que están inmersas las entidades financieras en España. Un portavoz de Sacyr confirmó ayer que el paquete de acciones en manos de la constructora está clasificado como un activo para la venta desde hace tiempo. No hay, al parecer, ningún pacto de accionistas que obligue a una venta en bloque por parte de los minoritarios, pero lo lógico, también en este caso, es que si uno de ellos alcanzase un acuerdo con Globalvía también lo hiciesen el resto para evitar quedarse descolgados.

Si la operación trasciende, la principal infraestructura que vertebra Galicia de norte a sur se quedaría ya sin ningún accionista que estuviese vinculado a la comunidad autónoma y pasaría en su totalidad a manos de fondos de capital canadiense, holandés y británico.

Peajes y obras no estarían afectados a corto plazo

«Lo que está en el BOE no lo mueve nadie». Esta afirmación pronunciada ayer por fuentes cercanas a la empresa Itínere, que gestiona la AP-9 y el resto de las autopistas gallegas trataba de transmitir que la operación financiera de la que ayer trascendieron sus primeros pasos se mueve a niveles alejados de los centros de decisión directa de la gestión de la principal infraestructura viaria de Galicia.

De esta manera, la operación de venta de las participaciones que tienen Sacyr, Abanca y Liberbank a fondos de inversión extranjeros no afectaría de forma directa, al menos a corto plazo según las mismas fuentes, a las obras que ya se encuentran en marcha o que están licitadas ni tampoco a los peajes. Es decir, que no habría subidas en el pago por la utilización de las autopistas que en la actualidad dependen de Itínere.

En el primer caso, la mayor preocupación son las obras de ampliación que se están realizando en el puente de Rande. Es una de las grandes obras en las que tiene participación Audasa. Lleva un año en marcha unas obras que deberían estar terminadas a principios del año 2017, pero en el caso del puente de Rande se retrasará un año más.

Estos trabajos de mejora de los accesos a Vigo tienen un coste de 180 millones de euros que paga Audasa y que luego lo repercutirá en la tarifas de los peajes que les cobrará a los automovilistas que circulen por la autopista. En el proyecto de ampliación está prevista la construcción de un carril más en 3,5 kilómetros a ambos lados del puente y de un carril más en el puente para los usuarios de O Morrazo.

Ampliación en Santiago

Otras obras que tampoco se verán afectadas son las que se realizan para la ampliación de la capacidad de la autopista AP-9 a su paso por Santiago. Se trata de la ampliación de los tramos libres de peaje de Santiago norte (kilómetro 67) y Santiago sur (kilómetro 75), incluyendo el acceso a la Ciudad de la Cultura y el enlace sur de Sigüeiro para dirigirse a Santiago. En este momento está terminada ya la ampliación en el tramo Santiago centro (kilómetro 72, conexión con AP-53 y N-525),- Santiago sur (salida de Milladoiro y conexión con AG-56), y actualmente se trabaja en el tramo Santiago centro-Santiago norte, y todo el tramo está con velocidad de obra limitada a 80 y a 60 kilómetros por hora en un tramo de la zona norte.

El presupuesto total de estas obras asciende a 76 millones de euros. Los trabajos se pusieron en marcha en febrero del 2015, y la conclusión está prevista para finales de este 2016.