El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy, como hace una semana avanzó el ministro de Economía, Luis de Guindos, un decreto ley de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración empresarial que bien podría bautizarse como decreto Pescanova, ya que la mayor parte de las medidas que incluye están pensadas como un traje a medida para el proceso en el que está inmersa la pesquera.
La nueva normativa, que implicará cambios regulatorios en, por ejemplo, la ley concursal o la que rige el régimen de las ofertas públicas de adquisición de acciones (opa), trata de evitar que empresas viables pero con problemas económicos acaben en concurso y liquidación.
Entre otras cosas, accede a una de las principales demandas de la banca acreedora, permitiendo que las entidades transformen la deuda de las empresas -la total de la pesquera supera los 4.000 millones- en participación en el capital de las firmas. Y que la considerada «sostenible», es decir, la que no canjee por capital, no tenga la consideración de morosa y libere provisiones. Este aspecto se ha negociado entre Economía y el Banco de España, ya que es el regulador el que tiene que modificar los criterios de las provisiones. Otro de los aspectos que cambiará el decreto es que el dinero fresco que se inyecte a las empresas para reflotarlas será el primero que se recupere en caso de que la firma vaya a concurso, con lo que estaría a la par de la deuda con «privilegios generales», como la contraída con la Seguridad Social o Hacienda, en lugar de ser deuda subordinada y la última en cobrarse.
Convenio con 70 % de acuerdo
De Guindos avanzó la pasada semana, y luego matizó el lunes en el Global Forum Spain en Bilbao, que las refinanciaciones y los convenios de acreedores, que ahora requieren un voto unánime para su aprobación, puedan salir adelante con el respaldo del 70-75 % de los acreedores.
Relacionado con esto, el propietario de una empresa en preconcurso podrá verse obligado a aceptar acuerdos de refinanciación a medida de sus acreedores. Y es que, según el borrador del decreto, si se niegan, sin una causa razonable, a la capitalización de créditos o a la emisión de valores o instrumentos convertibles «frustrando la consecución del acuerdo de refinanciación, incurrirán en presunción de dolo o culpa grave, salvo que presenten prueba en contrario». Por otra parte, los fondos buitre tendrán las mismas obligaciones de los bancos en las refinanciaciones, y deberán aceptar los acuerdos de las entidades financieras.
También está contemplada en el decreto y avanzada por el ministro, la posibilidad de conceder aplazamientos de la deuda por encima de los actuales tres años, que se elevarían a cinco. Igualmente será posible alcanzar acuerdos individuales y no será preceptivo contar con un experto independiente en los procesos de refinanciación de deuda. El plan de recapitalización se gestionará a través de un fondo de capital riesgo.