Empleo se resiste a validar la mili

El Gobierno aplaza el reconocimiento universal como período cotizado para la pensión del servicio militar, que sí sirve para acceder a la jubilación anticipada


Redacción / La Voz

Hasta su supresión definitiva en el 2001, el servicio militar supuso un paréntesis forzoso para millones de jóvenes españoles que, durante décadas, se vieron obligados a aparcar temporalmente estudios o trabajo para ir a la mili o realizar la prestación social sustitutoria. Un esfuerzo que la mayoría no ven plasmado en sus vidas laborales.

Y es que, hasta el momento, el servicio militar solo se reconoce como período cotizado para cobrar la pensión en supuestos muy concretos. Ocurre, por ejemplo, con los trabajadores que quieran acceder a la jubilación anticipada y que no han trabajado el tiempo necesario (33 años en el caso de que esta sea forzosa o 35 si es voluntaria), en cuyo caso el período obligatorio de mili o la prestación sustitutoria de los objetores de conciencia sí se reconoce, hasta un máximo de un año.

Mucho más complejo es el caso de la jubilación ordinaria. Tanto que han tenido que venir los tribunales a poner orden. Todo parte de una reforma legal de 1987, que reconoció como servicios prestados al Estado el tiempo de mili que excediera del período obligatorio (nueve meses), aunque solo para los funcionarios. A partir de ahí, y dado que existe una norma posterior que establece el cómputo recíproco entre los distintos regímenes de la Seguridad Social, muchos trabajadores a los que no se les reconocía el 100 % de la pensión comenzaron a reclamar que se les computase la mili, con distinta suerte. Y es que fuentes de la Seguridad Social en Galicia explican que si hace unos años se aceptaban estas peticiones, ahora solo se les tiene en cuenta a los funcionarios, en aplicación de varias sentencias del Supremo.

Sin fecha

Para solucionar este galimatías, la penúltima reforma de las pensiones, aprobada por el anterior Gobierno en el 2011, obligaba a presentar antes del 1 de enero de este año un proyecto de ley para compensar a todos los trabajadores que hubiesen hecho el servicio militar obligatorio, o la prestación social sustitutoria, los períodos de cotización perdidos. Pero todavía habrá que esperar, ya que el actual Ejecutivo ha aplazado sin fecha la presentación del proyecto, argumentando que las arcas públicas no están para dispendios.

Así, en una respuesta al diputado Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural, el Ministerio de Empleo justifica que la medida «conlleva la necesidad de realizar prolijos estudios, dado que el número de personas afectadas es muy elevado y las implicaciones económico financieras deben analizarse pormenorizadamente», al tiempo que advierte de que reconocer de forma universal el servicio militar para la jubilación «podría afectar de manera notable al equilibrio financiero del sistema», ya que en su momento no se cotizó por él.

Pese a las justificaciones del Gobierno, ya existen estudios sobre el coste aproximado que podría tener la medida. En el 2005, un informe de la Seguridad Social elaborado después de que prosperase en el Congreso una proposición que pedía también el reconocimiento del servicio militar, estimaba que para las pensiones en vigor en aquel momento supondría un sobrecoste de 267 millones de euros, al que habría que sumar futuras altas y la revalorización de las prestaciones, lo que podría elevar la cifra entre un 20 y un 100 %. Eso sí, advertía que el derecho solo se le podría reconocer a aquellos reclutas que hubiesen empezado a trabajar antes de ir a la mili que son, entienden, los únicos que vieron truncadas sus carreras.

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