La fórmula del sistema institucional de protección (SIP) tiene dos caras. Como sucede con la Luna, la visible es la que ven sus más ardientes defensores. Pero hay una cara oculta que difícilmente se advierte cuando el debate sobre el futuro del sector financiero se encona. El SIP es una salida para aliarse con otras entidades y con vuelta atrás, sí, avisando a los socios con 24 meses de antelación. Pero cuando se refuerza esa sociedad con fondos públicos -por el FROB-, es un camino sin retorno. «No tendría sentido desarrollar un trabajo conjunto sin una vocación de estabilidad o permanencia a largo plazo, pues la separación del sistema podría generar perjuicios económicos y competitivos significativos tanto para las entidades que se quedaran como para las que se fueran», explican fuentes de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
Esto lo saben entidades económicas que asesoran a las cajas, el Banco de España y la Xunta. Y se da por supuesto que también lo conocen las propias entidades. El SIP permite irse con terceros y, a corto plazo, mantener firma, obra social y sede. Pero a medio plazo es una alianza definitiva. Entidades como las catalanas Laietana y Penedés sopesaron esa salida para unirse, pero al no ver ninguna de sus ventajas y sí sus inconvenientes, optaron en diciembre por la fusión mercantil (una alianza ahora parada por disputas de poder).
La experiencia en marcha más avanzada de SIP se llama Banca Cívica. La conforman desde octubre Caja Navarra y Caja Canarias y se han adherido recientemente Caja Burgos -que se salió de una fusión en su comunidad- y la balear Sa Nostra. Conforman una nueva sociedad, una suerte de nuevo banco, con su propio consejo. La propia patronal de cajas, la CECA, teme que suponga el inicio de la privatización de las cajas. La sede social de esa firma estará en Madrid, fuera de sus territorios de origen.
Ante el Banco de España, esa sociedad se presentará como una sola entidad en abril, con sus balances consolidados, «lo que significa que [el grupo] contará con un rating único y una sola supervisión por parte del Banco de España y actuará como un único interlocutor en los mercados financieros (emisiones de deuda...)», según el comunicado fundacional de la sociedad. ¿Y tendrá un reparto equitativo? No. «La participación en esta nueva sociedad se fijará en función a la valoración económica de las entidades», conforme al mismo documento. Una valoración que tomará en cuenta no solo el tamaño sino la solvencia, los niveles de capitalización, la morosidad... Comparadas con las gallegas, la navarra y la canaria presentan niveles más holgados, por lo que si alguna de ellas quisiera sumar, no la lideraría.