Galicia podría acabar adjudicando más megavatios eólicos que los que la comunidad autónoma podría asumir en sus redes de evacuación, algo que el sector se niega a admitir pero que las grandes operadoras comienzan a dar por sentado. Y los problemas de infraestructura en la red eléctrica podrían no ser los únicos. Las compañías especializadas temen también que, a medio plazo, las actuales primas para la instalación de parques se vean seriamente recortadas. Por ello las operadores dominantes insisten en que los riesgos son mayores para unos que para otros. Los proyectos industriales asociados por las grandes eólicas al concurso convocado por Industria están todos relacionados con el sector.
Pero otros empresarios utilizarán el concurso como vehículo de financiación para emprender otros proyectos no relacionados con las energías renovables. Desde hace meses, algunas firmas están «comerciando» con los megavatios en juego, para obtener liquidez en los bancos a costa de estas adjudicaciones, u ofreciéndolos a eólicas de referencia mediante un quiebro legal que supone cambiar los accionistas de las empresas sin echar abajo ninguno de sus compromisos, ni industriales ni de ejecución de los parques.
De momento, el temor a un brusco recorte de las primas provoca que algunas de las principales compañías del sector estén ya descartando operaciones que superen el horizonte del 2010. El actual contexto de crisis hace prever que las restricciones que el Gobierno aplica hoy a la energía fotovoltaica puedan trasladarse en un plazo de entre dos y cuatro años al ramo del viento. El Ministerio de Industria evita pronunciarse de momento sobre este asunto. Pero este mismo mes limitó a 300 megavatios anuales la instalación de nuevos paneles fotovoltaicos en solares y tejados. Y redujo de manera sustancial las primas a las industrias.
La razón es que la producción de energías renovables es demasiado cara. Y en el actual marco económico, el Gobierno podría optar por apoyar a generadores eléctricos más baratos (carbón o, incluso, nucleares) a costa de las primas que ahora cobran las renovables y a riesgo incluso de no cumplir el compromiso marcado por la UE de generación eléctrica mediante sistemas limpios.
Los últimos «rentables»
En medios especializados se da por sentado que los concursos abiertos serán «los últimos verdaderamente rentables». Y en el caso gallego podría tener problemas añadidos. Las redes de evacuación que necesariamente tendrá que usar Galicia (hacia la Meseta, a través de Asturias o por la vía portuguesa) podrían estar ocupados por megavatios de otras autonomías. Castilla y León acaba de autorizar 4.300 megavatios que sumará a los 2.200 ya en funcionamiento. La comunidad prevé tener en marcha 6.500 megavatios extraídos del viento en el año 2010. Entonces, los nuevos parques gallegos estarán todavía pendientes de iniciar las obras. Asturias ya tiene en marcha autorizaciones para elevar su potencia eólica instalada por encima de los 1.200 megavatios antes del 2011.
Y por el sur, Portugal supera los 8.000 megavatios instalados de energías renovables, de los cuales casi 2.300 son eólicos, según datos de la Dirección General de Energía y Geología. En noviembre del 2007 se otorgaron permisos para la instalación de nuevos parques de aerogeneradores que sumarán en conjunto otros 3.332 megavatios. De ellos, 2.800 estarán en funcionamiento antes de final de año. El norte de Portugal sumará a principios del 2009 más de 3.000 megavatios instalados. Las tres vías de salida para la potencia eléctrica eólica generada en Galicia podrían encontrarse con serios problemas de capacidad para acoger los 6.500 megavatios que la Xunta pretende tener operativos a partir del año 2012.
Las cuentas no salen. Sumados, los planes expuestos por las 17 autonomías estarían en disposición de generar 45.000 megavatios a finales del 2012. Pero la planificación del Ministerio de Industria solo prevé capacidad en la red eléctrica para un máximo de 29.000. En la carrera iniciada por las autonomías, Galicia podría quedarse cercada. Y la Xunta no ha cerrado aún su negociación con Industria para «garantizar» las infraestructuras de vertido a la red.