El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dicho basta a las triquiñuelas del Concello estradense para intentar retrasar el derribo de la casa ilegal de Currelos (Codeseda) con la esperanza de encontrar alguna alternativa. En un auto dictado el día 3 de este mes, el TSXG fija un plazo de quince días para que se inicien las obras de demolición y un plazo máximo de 60 para su finalización.
La demolición de la vivienda, propiedad de la familia de Ramón Picallo Ogando, había sido ordenada por una sentencia del 20 de diciembre del 2002 que no fijaba ningún plazo de ejecución. El 25 de marzo del 2003 la parte demandante pidió la ejecución del fallo, pero el demandado dilató el proceso recurriendo primero en casación al Tribunal Supremo y presentando luego un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Ambos fueron rechazados. La demolición se hizo legalmente inevitable el 20 de diciembre del 2004. No obstante, el Concello utilizó todos los recursos a su alcance para demorar el proceso. Requirió al afectado que presentase un proyecto de demolición y justificó su tardanza en el derribo alegando que todavía no había recibido el citado estudio de derribo. Ante la lentitud en la ejecución de la sentencia, en abril del año pasado el juzgado dictó un auto de inejecución y fijó un plazo máximo de tres meses para dar cumplimiento a la sentencia. El Concello pidió una moratoria, pero casi un año después la casa continúa en pie.
El TSXG ha optado por fórmulas más drásticas para forzar el cumplimiento de la sentencia sin más dilación. La sala utilizará la fórmula del exhorto para que el alcalde estradense sea informado personalmente del auto por medio del juzgado estradense. Desde esta notificación personal habrá 15 días para empezar las obras de derribo. Esta vez, no será posible hacer caso omiso. Si los trabajos de demolición no comienzan, el juzgado de A Estrada incoará acciones penales contra el gobierno por un delito de desobediencia.
En el auto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia señala que la colaboración de la administración municipal en la ejecución de la sentencia «ha sido entorpecedora y nada acorde con lo que cabe esperar, por exigencia legal, de un administración pública».
La vivienda de Codeseda está situada más cerca de la carretera de lo que la ley permite. La ilegalidad fue denunciada por una vecina, Dolores Basteiro, con la que los demandados mantienen un enfrentamiento histórico.