Otro compromiso roto en las bibliotecas

El mes termina sin que arranque la gestión pública. Continúan todas las dudas de legalidad. El gobierno admite que los operarios deberán pasar pruebas al finalizar el período de «transición»


A Coruña

La gestión pública directa de las bibliotecas municipales sigue acumulando retrasos. El gobierno local anunció hace meses que la empresa municipal Emvsa empezaría a gestionar ese servicio antes de abril, pero este lunes, 1 de abril, las bibliotecas abrirán sus puertas en la misma situación jurídica de los últimos meses: bajo gestión de la empresa privada LTM en precario, ya que su contrato finalizó el 1 de febrero.

Esa «internalización» en Emvsa es la estrategia que adoptó el Ayuntamiento de A Coruña después de que fracasase su intento de «remunicipalizar» el servicio en el 2016. En junio de aquel año, el edil de Culturas, José Manuel Sande, y el alcalde, Xulio Ferreiro, anunciaron que el proceso culminaría antes del 2017, y que supondría un ahorro para las arcas locales.

No fue así. Los técnicos municipales no descartaron que el coste aumentase, y plantearon dudas sobre la legalidad de la operación, ya que la incorporación de los 63 empleados de la firma a la Administración pública podría dar lugar a irregularidades y conductas discrecionales. El proceso embarrancó, pero la remunicipalización de servicios era una de las principales promesas electorales de la Marea. No logró aplicar ninguna en cuatro años y ahora, a dos meses de las municipales, intentó acelerar ese proceso en las bibliotecas.

Puso la meta en abril, pero se ha indicado a los trabajadores que con toda probabilidad se retrasará, al menos, hasta mayo.

Pese a la importancia del servicio, los trámites se estaban desarrollando sin apenas explicaciones públicas. De hecho, en el pleno del mes pasado la Marea, y el PSOE con su abstención, rechazaron una propuesta del PP para que el gobierno local diese explicaciones en una comisión.

Ante el rechazo, los populares convocaron una comisión de transparencia para debatir igualmente el asunto. Las conclusiones de la misma indican que las dudas de legalidad continúan, que han surgido complicaciones de otros tipos, y que no se ha dado a los trabajadores toda la información sobre su futuro.

Dudas de legalidad

Dos informes en contra. Durante la comisión, el secretario del Ayuntamiento anunció que se remitía íntegramente a su informe del 2017, en el que advertía de los problemas legales que podría causar la internalización. A ese informe se suma otro emitido por la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Economía y Hacienda en el 2018 a petición de Emvsa, en el que se subraya que la entrada en el sector público debe pasar por un proceso de libre concurrencia que acredite el mérito y la capacidad de los aspirantes al puesto.

El gobierno local no cuenta con un informe favorable del interventor. De hecho no lo solicitó hasta ahora y desconoce cuál será su resultado, a pesar de que ha asegurado tanto en público como a los trabajadores que la internalización se cerraría con éxito.

Habrá pruebas de acceso

Sin fecha ni formato claro. En marzo, el comité de empresa de las bibliotecas trasladó a los trabajadores que el gobierno local les había «garantido» que los operarios serían subrogados a Emvsa sin pasar «ningún proceso de proba ou selección».

Pero en la comisión, tanto el concejal de Culturas, José Manuel Sande, como la de Facenda, María Eugenia Vieito, subrayaron que sí habrá pruebas cuando finalice la «fase transitoria» que el gobierno local preveía aprobar este mes. Los ediles no especificaron cómo será el «proceso de selección».

Un convenio nuevo

Aprobado por Navidad. Otro de los problemas que ha surgido en el proceso es que la empresa tramitó un convenio colectivo que fue aprobado el 24 de diciembre del 2018 con efectos desde el 15 de noviembre del 2008.

Ese acuerdo laboral, que incluye categorías salariales, sustituye al de eventos, por el que se regían hasta ahora los trabajadores.

La aprobación del convenio causó sorpresa a la concejala socialista Silvia Longueira, que preguntó si era cierto lo que estaba diciendo la popular Rosa Gallego, que manifestó sus dudas sobre la legalidad de esos trámites.

Aunque el convenio está vigentes desde hace meses, y fue publicado en el BOP del 24 de diciembre, el edil del Culturas dijo que lo supo «hace unos días» y que están valorando sus efectos. También aseguró que el gobierno local desconocía esos trámites y que no está en «connivencia» con la gestora del servicio.

Ante el debate sobre el convenio laboral, el secretario advirtió que el texto no sería vinculante para la Administración, según distintas sentencias judiciales.

Ante las preguntas de Rosa Gallego, la titular de Facenda afirmó que se está estudiando la incidencia que tendrá el documento en el expediente municipal.

Advertencias judiciales

«Totalmente ilegal». A la vista de las circunstancias, la portavoz del PP, Rosa Gallego, advirtió que la operación podría ser «totalmente ilegal», ya que no hay subrogación de empresa ni contrato, Emvsa no tiene medios ni un objeto social adecuado para prestar el servicio, y tiene las mismas limitaciones que la Administración pública para contratar personal, además de la posible ilegalidad del convenio.

También se plantearon dudas porque la actual jefa de servicio de Bibliotecas fue apoderada de la empresa adjudicataria.

Pese a todo, la concejala de Facenda anunció que seguirán adelante con el proceso, aunque no puso fecha para completarlo. Por su parte, en otro momento de la comisión, la portavoz del PP advirtió a los concejales del gobierno local que, a la vista de las dudas, después «no se quejen» si lleva el asunto a los tribunales.

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