Un juzgado anula el nombramiento de Mónica Martínez como concejala de Deportes de A Coruña
A CORUÑA
La Marea denunció la designación de la ex de Ciudadanos al estimar que es «transfuguismo»
13 abr 2022 . Actualizado a las 19:59 h.El juzgado contencioso-administrativo número 1 de A Coruña resolvió que el nombramiento de Mónica Martínez como responsable del área de gobierno de Deportes y miembro de la junta de gobierno local es nulo, además de obligar a la edila a reintegrar las cantidades percibidas a mayores a partir de ese momento. El fallo llega después de que la Marea Atlántica recurriese este movimiento del gobierno local al entender que era un caso de «transfuguismo». La resolución judicial se conoció poco después de que el Ayuntamiento sacase adelante sus presupuestos con apoyo de la Marea en una sesión en la que no estuvo presente Mónica Martínez. Supone un duro revés para el equipo de gobierno a solo trece meses de las elecciones municipales y menos de dos semanas después de que otro juez obligase a repetir el nombramiento de la jefatura de Seguridad.
El gobierno local está «estudiando la sentencia» y valorará «la presentación de un recurso», pero «mantiene que no es un caso de transfuguismo». Mientras, Martínez rechazó hacer declaraciones sobre este asunto. En caso de que no se presente tal apelación o que sea rechazada, el fallo judicial obliga al Ayuntamiento a despojar a Martínez de sus atribuciones al frente de Deportes y dejaría al equipo de gobierno con ocho miembros, además de Eva Martínez Acón.
Las consecuencias para el Ayuntamiento todavía están por verse en el plano político, pero su publicación justo después de la aprobación definitiva de los presupuestos le salva por lo menos en esta cuestión. Las cuentas salieron adelante con el apoyo único de la Marea, que es quien denunció el caso.
Esta formación recurrió su nombramiento al considerar que se vulneraba la Ley de Bases de Régimen Local y el Pacto Antitransfuguismo. Martínez había comenzado el mandato como única representante del grupo mixto-Ciudadanos en la corporación municipal, siendo la primera vez que la formación conseguía representación en María Pita, pero en junio del 2020 solicitó la baja de este partido.
La Ley de Bases de Régimen Local establece para estos casos que los concejales pasan a ser «non adscritos e non poden ver incrementados os seus dereitos económicos nin políticos nin asumir responsabilidades de goberno, entre outras limitacións de carácter exemplarizante fronte ao transfuguismo». Sin embargo, el 1 de septiembre, la alcaldesa, Inés Rey, firmó un decreto en el que nombraba a Martínez miembro de la junta de gobierno local y responsable del área de Deportes, ambas declaradas nulas por la magistrada, quien también indica que la concejala deberá «reintegrar» las sumas obtenidas durante este período, ya que su retribución pasó de 44.687,05 a 59.582,74 euros anuales. Fue cuando todavía estaba en el grupo mixto, aunque la jueza refleja que, desde que solicitó la baja de Ciudadanos, «pasa a tener la consideración de no adscrita; ello con independencia de la toma en consideración por el pleno en una fecha posterior».
Un mes después de la designación de Martínez, la Marea Atlántica presentó un recurso de reposición en el Ayuntamiento, solicitando el cese inmediato y la devolución de las retribuciones percibidas indebidamente. El 26 de octubre una sentencia del Tribunal Supremo confirmó que los argumentos de la reclamación de la Marea Atlántica eran «válidos», según este partido, mientras que el 1 de diciembre el recurso de reposición de la Marea tuvo respuesta municipal, una contestación «negativa e sin ningún fundamento», aseguraron.
La jueza hace alusión en su escrito a diversas sentencias similares y a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de la que considera que se vulnera el artículo 73.3, que habla tanto de las retribuciones económicas de los concejalas como de sus derechos y obligaciones.
Repercusiones
En caso de confirmarse, la pérdida de un concejal dejaría al gobierno local con la misma representación en el pleno que el principal partido de la oposición, el PP (Martínez Acón no está en el gobierno, pero su voto sigue la misma dirección que el resto de ediles socialistas). Sin embargo, los problemas serán mayores a la hora de defender su gestión y de volver a alcanzar acuerdos con la Marea Atlántica, quien ha sido su principal socio de gobierno desde permitir la investidura hasta otorgarle los apoyos necesarios para sacar adelante los dos presupuestos aprobados hasta el momento, el del 2020 y el de este miércoles.
El fallo también supone un nuevo golpe a la línea de flotación del gobierno local, ya debilitada por los cambios en su organigrama con la redistribución de competencias entre concejales —incluida la retirada de poderes a Eva Martínez Acón—, las dimisiones de Juan Díaz Villoslada y directores de área, la salida del coordinador municipal o las variaciones al frente de diversas jefaturas de servicio y del gabinete de comunicación.
Reacciones
Además de la valoración municipal en la que mantienen su postura y señalan que estudiarán la posibilidad de recurrir el fallo, la Marea también ofreció su primera impresión. «A Xustiza deunos a razón. O nomeamento dunha tránsfuga como concelleira de goberno é ilegal», compartió en sus redes la formación, que este jueves ofrecerá una comparecencia por medio de su portavoz, María García. El PP no ofreció su visión sobre lo sucedido, mientras que Francisco Jorquera, portavoz del Bloque, aseguró que esta formación «sempre tivo a consideración de que unha persoa eleita nunha lista debía dimitir se abandonaba esa formación política para se incorporar a outra disciplina partidaria»