Los vecinos de San Roque quieren evitar el derribo con la solución del edificio Fenosa

Han solicitado una mediación en el juzgado que lleva el caso


A Coruña

Los propietarios de los 16 pisos del número 13 de San Roque de Afuera, con una sentencia derribo pendiente desde el 2012, quieren la misma solución que se aplicó en el edificio construido en lugar de la antigua sede de Fenosa de la calle Fernando Macías.

La comunidad de vecinos de San Roque y algunos propietarios individuales solicitaron en septiembre al juzgado que lleva el caso la apertura de una mediación judicial con el fin de buscar una alternativa que evite la demolición del inmueble.

En el caso del edificio de Fenosa, el derribo parecía inevitable. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó en el 2001 una sentencia que anulaba la licencia concedida en 1997, y ordenaba que se devolviese el inmueble a su estado original para cumplir la legalidad urbanística.

El Tribunal Supremo confirmó ese dictamen en el 2006, y se reafirmó en su decisión en seis ocasiones más. La última vez fue en julio del 2017, cuando rechazó mediante un auto el intento de casación que habían presentado los propietarios y el Ayuntamiento, que afrontaba el pago de indemnizaciones millonarias si se aplicaba la decisión de la Justicia.

Desde el punto de vista jurídico la sentencia del 2001 se aplicó, pero de una forma que en su día sorprendió a propios y extraños. La solución a más de 20 años de pleitos fue fruto de una mediación judicial, una salida que hasta entonces no permitía la ley, pilotada por Pascual Sala, expresidente del Supremo y socio consultor del bufete Roca Junyent.

La solución de Fenosa

El edificio se libró ya no del derribo, sino de cualquier reforma parcial para adecuarlo a la legalidad urbanística, una solución que habían propuesto los dos gobierno municipales anteriores.

A cambio de evitar el derribo, el Ayuntamiento se comprometió a incluir el inmueble en el plan general como «singular», reconocer en público la responsabilidad municipal, adoptar «un protocolo de boas prácticas», levantar un edificio de 50 viviendas de protección en el Ofimático, e indemnizar con 2.975.000 euros al arquitecto que denunció las irregularidades por los «danos persoais de índole moral» que se le causaron durante 21 años.

En una respuesta escrita al BNG, el gobierno local señala que la petición de la mediación en San Roque está pendiente de una decisión de la jueza, y añade que hay diferencias con el caso de Fenosa, ya que «non se sustanciou ningún incidente de inexecución por razón legal ou material, nin está definido aínda o alcance da demolición do edificio».

Además, el gobierno local recuerda en su respuesta un párrafo del auto de homologación del edificio de la antigua sede de Fenosa del 8 de febrero que dice: «Es por ello que el caso al que nos enfrentamos no puede extrapolarse a otros supuestos y plantear, también de modo simplista, que cualquier ejecución urbanística puede sortearse mediante institutos que suplan la ejecución in natura mediante el único requisito de pactar una indemnización: nada más lejos de la realidad y, por tanto, puede afirmarse desde este momento que cualquier solución que la presente resolución respalde es válida únicamente en los presentes autos, sin que sean en absoluto susceptible de una suerte de extensión de efectos o precedente que pueda esgrimirse en cualquier procedimiento de ejecución urbanística».

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