El acuerdo de la vieja sede de Fenosa costará 6 millones al Ayuntamiento

El denunciante se lleva la mitad y el resto se lo reparten los vecinos y los pisos públicos


a coruña / la voz

La aprobación ilegal de la licencia de rehabilitación de la vieja sede de Fenosa en 1997 le costará a los coruñeses, 22 años después, alrededor de 6 millones de euros. Es lo que tendrá que sacar de la caja el gobierno local para evitar que el daño fuese inmensamente mayor, pues de haber tenido que ejecutar la sentencia que ordenaba el derribo del inmueble, el gasto se elevaría a los 60 millones. Una cuarta parte de las cuentas de la ciudad.

Esos seis que tiene que afrontar de inmediato el Ayuntamiento se deben a los compromisos que los servicios jurídicos municipales adquirieron con el denunciante y los vecinos del inmueble en el acuerdo de mediación intrajudicial validado este jueves por la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG.

La mitad del gasto se lo lleva la indemnización que percibirá el denunciante, el arquitecto Valentín Souto. Fue una de las condiciones que puso para desistir en su empeño de que se cumpliera la ley y se ejecutase la sentencia. La suma total será de 2.975.000 euros.

A ese montante hay que añadir el millón y medio de euros que rondará el edificio de al menos 50 viviendas públicas que el Ayuntamiento se comprometió a levantar en el polígono del Ofimático. Cuando hace tres años el gobierno local anunció que iba a construir un inmueble protegido en ese polígono -no se movió un papel desde entonces-, el propio alcalde cifraba el coste en 1,5 millones. Ferreiro explicó que harían 80 viviendas bioclimáticas y que sus principales destinatarios serían los jóvenes, presentando el proyecto como una medida para favorecer el acceso de este colectivo a la vivienda.

Principales afectados

Los 87 vecinos del edificio de Fernando Macías también serán indemnizados, pues han sido ellos los más perjudicados, como así lo entiende el Ayuntamiento. Pese a todo, cada uno de ellos recibirá mucho menos que el denunciante. Las cifras que se barajan van de los 12.000 a los 9.000 euros por vivienda. Eso supondría un gasto estimado de un millón de euros más.

Finalmente, habrá que hacer frente también a los gastos judiciales derivados de la mediación intrajudicial, que asumirá el Ayuntamiento en su totalidad. La cifra no ha trascendido, pero fuentes consultadas precisan que la minuta de Pascual Sala, perteneciente al reconocido despacho de abogados Roca Junyent, alcanza las seis cifras. A eso, habría que añadir los gastos derivados de otros despachos judiciales que intervinieron en el proceso judicial.

Los residentes del edificio podrán aceptar 12.000 euros o demandar al Ayuntamiento

La mediación ha sido «muy beneficiosa» para la ciudad, según la mayoría de los magistrados de la sala de lo Contencioso-Administrativo que dieron el visto bueno al acuerdo. Pero no a todo el mundo satisface. Hay voces, como la de cuatro de los 14 jueces de la sala que aprobaron la mediación, que mostraron su disconformidad y pusieron en duda el sustento jurídico de algunos de los acuerdos, como el de la alta indemnización al denunciante.

Tampoco lo entienden muchos de los vecinos del edificio. Han sido ellos, según denuncian, los «auténticos perjudicados», pero solo percibirán hasta 12.000 euros. Desde que compraron, hace 22 años, no han podido vender, heredar, permutar o hacer un reparto de bienes. Aparte de vivir con la angustia de perder la casa.

En el acuerdo de mediación, el Ayuntamiento y los casi 90 propietarios de los pisos y locales del inmueble han concertado que la Administración municipal indemnice a los dueños que renuncien a acudir a la vía judicial para reclamarle responsabilidades patrimoniales por la concesión de la licencia ilegal en 1997.

Abierto a la demanda

El acuerdo es de adscripción voluntaria. Cada uno de aquellos propietarios que no demanden al Ayuntamiento recibirá, por los daños y perjuicios sufridos, una compensación de 12.000 euros, en caso de que la vivienda sea su domicilio habitual, y de 9.000 si no lo es, tanto si está alquilada como si está desocupada. La indemnización máxima global que debería afrontar el Ayuntamiento rondaría el millón de euros.

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