La antigua prisión vuelve a echar el cierre

La entidad que la gestiona, tras un concurso que le costó al gobierno local una denuncia de la Fiscalía por prevaricación, lamenta las trabas de Ayuntamiento y Xunta y espera volver a abrir


A Coruña / La Voz

Proxecto Cárcere anunció ayer que cesa temporalmente las actividades que venía desarrollando en la antigua prisión provincial. La entidad se había hecho con la gestión del edificio mediante un concurso que está judicializado después de que el PP denunciara que se había preparado el pliego a medida para la asociación, con ediles y cargos municipales vinculados a ella. El caso todavía no está resuelto, pero la propia Fiscalía, no el PP, acabó presentando denuncia por prevaricación en el juzgado.

La entidad indica que durante los seis meses que llevan funcionando el Ayuntamiento no ha conseguido aclarar cuál es el procedimiento preciso de comunicación de las actividades que organiza Proxecto Cárcere allí. Para cada una de ellas presentan un formulario por registro, pero pese a ello siguen teniendo trabas y no han conseguido reunirse, pese a haberlo solicitado en varias ocasiones, con los concejales. Los ediles de la Marea no los han recibido, sí lo hizo finalmente el director de área de Rexeneración Urbana, quien les facilitó verbalmente un protocolo. Cuando lo pusieron en marcha volvieron a recibir pegas porque, les dijeron, se estaría incumpliendo una normativa autonómica.

Burocracia confusa

La asociación lamenta que Ayuntamiento y Xunta no se pongan de acuerdo sobre los protocolos y ante la actual situación han decidido cesar la actividad que venían desarrollando. Esperan, dicen, que el parón sea breve y se pueda resolver el problema.

La razón del cese de actividad, explican, «é que non se nos dan como válidas as comunicacións de parte das actividades realizadas durante estes meses ao non estar a seguir o procedemento administrativo adecuado. O que non se nos di é cal é ese procedemento, pois a día de hoxe aínda non recibimos un protocolo claro, firme e coherente co contrato asinado en xuño do 2018», indican desde la entidad. 

Contradicciones

Este mismo mes, explican, trataron de aplicar el sistema que les comunicó verbalmente Rexeneración Urbana, pero entonces, dicen, «xorden novos requirimentos que contradín a información inicial», exigiéndoles finalmente el Ayuntamiento un permiso de la Xunta del que carecen.

Desde Proxecto Cárcere hablan de «evidente descoordinación» entre las dos administraciones y esperan que entre ambas se aclaren lo antes posible para retomar la actividad que ahora dejan.

La apertura de la cárcel era un compromiso de la Marea. El contrato con Proxecto Cárcere se firmó en junio de este año, casi un año después de finalizado el concurso. El gobierno local, que consiguió de Interior la cesión temporal del inmueble, anunció unas obras de reforma que finalmente se quedaron lejos de los previsto, porque el edificio se encontraba en un estado peor del esperado. Ni los patios ni el cuerpo principal de la prisión pudieron abrir al público, solo lo hizo una pequeña parte, de menos de 200 metros cuadrados, en la zona de recepción del inmueble. Allí, con el edificio en un estado general de deterioro, comenzó a organizar actividades, hasta ahora, Proxecto Cárcere.

«Prevaleció el interés de ceder el uso a la asociación por encima del cumplimiento de la legalidad»

El concurso que llevó a Proxecto Cárcere a gestionar la prisión estuvo muy cuestionado desde el principio por la oposición. Los pliegos tenían partes muy similares al proyecto que ya había presentado antes la entidad y entre esta y la Marea había muchos miembros compartidos, incluidos ediles como Rocío Fraga y Xiao Varela. Incluso figuraban como tales en los dosieres de Proxecto Cárcere, si bien la asociación los borró tras hacerse público el caso y aseguró que se trataba de información no actualizada por error.

Las explicaciones dadas por el gobierno local no sirvieron al PP, que llevó el caso a la Fiscalía por si esta apreciaba algún indicio de delito. Y el organismo público lo apreció considerando que «prevaleció el interés de ceder el uso del edificio a la asociación por encima del cumplimiento estricto de la legalidad». Entendió que podría haber presunta prevaricación, citando hasta ocho «circunstancias fácticas» para apoyar su razonamiento, y llevó el caso al juzgado, donde se investiga la causa.

Desde la Marea dijeron que todo lo que se hizo fue posibilitar la reapertura de un edificio relevante con un concurso que ganó una entidad sin ánimo de lucro.

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