La Fiscalía denuncia por prevaricación al Concello por la cesión de la antigua prisión provincial a Proxecto Cárcere
A CORUÑA CIUDAD
El Ministerio Fiscal considera que en la cesión «prevaleció el interés de ceder el uso del edificio a la asociación por encima del cumplimiento estricto de la legalidad». La oposición pide explicaciones, pero el gobierno local dice que no hará declaraciones hasta que no reciba el escrito de la Fiscalía
01 oct 2018 . Actualizado a las 18:50 h.La Fiscalía Provincial de A Coruña ha presentado esta mañana en el Juzgado de Guardia una denuncia contra el Ayuntamiento de A Coruña en la que insta a que se investigue, por presunto delito de prevaricación, la adjudicación de la cesión del uso del antiguo edificio de la prisión provincial a la asociación Proxecto Cárcere. La cesión se llevó a cabo por una resolución de 8 de septiembre del 2017, dictada por la concejala de Participación Ciudadana, Claudia Delso.
Con estas diligencias, el Ministerio Público concluye la investigación abierta el pasado mes de agosto a raíz de una denuncia presentada por el Partido Popular.
La Fiscalía considera que «las circunstancias investigadas configuran la base indiciaria que permite presentar a la instrucción judicial unos hechos de los que parece desprenderse la prevalencia del interés de ceder el uso del edificio a la asociación Proxecto Cárcere por encima del cumplimiento estricto de la legalidad», y estima necesario profundizar en la instrucción por la vía judicial ante la posibilidad de un delito de prevaricación.
El Ministerio Fiscal desecha la existencia de indicios de los delitos contra la administración de justicia y de malversación que habían sido también objeto de la denuncia inicial.
Las bases del concurso, basadas en Proxecto Cárcere
Un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento recogió que las bases del concurso público para dar un nuevo uso a la antigua prisión provincial «foron elaboradas a partir da iniciativa presentada por Proxecto Cárcere», tras seleccionar las propuestas «de interese» y «depurar» otras que eran «inconvenientes» para el interés público.
El Gobierno local terminó cediendo la gestión del edificio al colectivo, entre el que figuran miembros activos de Marea Atlántica. Así lo anunció en septiembre del año pasado Xiao Varela, concejal de Rexeneración Urbana y miembro de la plataforma Proxecto Cárcere. Además del edil, figuran otros dos concejales de María Pita: Rocío Fraga (Igualdade e Seguridade Cidadá) y María García (Medio Ambiente).
