María Pita reconoce que el concurso de la prisión se basó en Proxecto Cárcere

La asesoría jurídica ratifica que las bases se redactaron a partir del plan de la entidad


A Coruña / la voz

El gobierno local no ha admitido el recurso presentado por el grupo municipal del PP contra la adjudicación de los usos de la antigua prisión provincial a Proxecto Cárcere. El ejecutivo se basa en un informe de la directora de la asesoría jurídica, un cargo de confianza nombrado por el gobierno local, que concluye que el PP no está legitimado para recurrir porque no votó en contra de la adjudicación. No pudo votar, ni tampoco el resto de los partidos políticos, porque la adjudicación nunca se llevó a pleno, sino que fue tramitada exclusivamente por el gobierno local.

La adjudicación aún podría ser recurrida en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Pero el informe de la asesoría jurídica, aunque admite que no tienen trascendencia para el resultado final de su dictamen, sí entra a hacer «algunhas aclaracións» sobre el fondo del recurso del PP, que denunció múltiples irregularidades en el proceso de adjudicación del inmueble.

Los populares denunciaron, por ejemplo, que la asociación Proxecto Cárcere se reunió «antes de iniciarse o procedemento» con representantes del gobierno local, y que presentó un proyecto que «coincide esencialmente coas bases da convocatoria». La asesoría jurídica afirma que «o antecedente é correcto, pero non poden aceptarse as afirmacións que se derivan», es decir si hubo trato de favor a la entidad.

También explica que el proyecto se consideró «relevante», por lo que siguiendo sus consejos se optó por un concurso público.

En otro párrafo, la asesoría jurídica confirma de nuevo que las bases del concurso público «foron elaboradas a partir da iniciativa presentada por Proxecto Cárcere», tras seleccionar las propuestas «de interese» y «depurar» otras que eran «inconvenientes» para el interés público.

El recurso de los populares señalaba que tres ediles del gobierno local y varios asesores -además de decenas de firmantes del manifiesto de la Marea- formaban parte de Proxecto Cárcere, según se publicitaba en la página web de la entidad hasta el pasado 7 de septiembre. Ese listado, que también figura en el plan de viabilidad de la asociación, fue «actualizado» después de que se fallase el concurso y estallase la polémica. Uno de los nombres que desaparecieron fue el del director de área de Cultura, que formó parte del jurado que adjudicó el concurso a la entidad.

Según el informe, ese funcionario asegura que ni forma parte, ni formó parte de Proxecto Cárcere, y que figura en una foto con algunos de sus miembros actuales porque participó en unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento a las que acudió como jefe de servicio de Cultura. Por ello, la asesoría jurídica concluye que «non concorre causa de abstención ou incompatibilidade».

El informe también admite que el edil de Urbanismo, Xiao Varela, que figuraba en el listado de Proxecto Cárcere, anunció la adjudicación a esa entidad cuando el proceso no estaba terminado.

Finalmente, el texto asegura que solo la concejala Rocío Fraga formó parte «nalgún momento» de la entidad, aunque dejó de serlo en «setembro del 2016», solo unos meses antes de que Proxecto Cárcere presentase su plan al gobierno local y los partidos.

El PP reparte miles de folletos para denunciar que el uso del edificio se adjudicó «a dedo»

El Partido Popular de A Coruña iniciará hoy el reparto de miles de folletos en los que se denuncia la adjudicación «a dedo» de la cárcel provincial, que se convertirá «en un ‘chiringuito’ para los amigos» del alcalde.

El pasquín incluye una fotografía de enero del 2011 de los «integrantes» de Proxecto Cárcere en la que aparecen el actual director de área de Cultura, el diputado de En Marea Antón Gómez-Reino y el edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela.

El impreso también recuerda los «recortes» a las entidades sociales de la ciudad mientras el gobierno local «hace las bases de los concursos para los amigos», «permite la okupación ilegal de edificios públicos», o adjudica contratos «sin transparencia» que suman más de 126.000 euros a «amigos» -firmantes del manifiesto- de la Marea Atlántica.

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