En marzo será la vista por las obras de la Casa da Cultura
18 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Cinco años y medio después de que el exalcalde Alejandro Rodríguez abandonara definitivamente la política de Vimianzo, la justicia entra de lleno en algunos de las cuestiones pendientes de su mandato. La que más le ha ocupado es la gestión de la Casa da Cultura. La parte administrativa (contenciosos y sus recursos al TSXG) ya está terminada, pero queda aún pendiente la penal, mediante un proceso que había abierto en su día el PP, impulsada por la exedila Carmen Borbujo. El juicio, en A Coruña, será el próximo mes de marzo.
Ayer, el gobierno local dio a conocer la sentencia, recurrible, que condena a Alejandro Rodríguez a 7 meses de prisión, una pena que no tendría que cumplir. También queda inhabilitado por ocho años para un cargo público, lo que tampoco le afectará demasiado a efectos prácticos, ya que desde que se fue del Concello vive totalmente al margen de la vida pública, en la que entró a finales de los 70, y fue regidor más de 23 años. El próximo 1 de enero cumplirá 79 años.
El actual regidor, Manuel Antelo, declinó valorar la resolución: «Coméntase por si soa», dijo. El asunto juzgado fue muy debatido políticamente, y criticado por el BNG, antes y después de las elecciones del 2011. Entre marzo y abril de aquel año, el alcalde contrató con Excavaciones Cernadas Valiña (su dueño ha resultado absuelto) obras de limpieza, pavimentación y acondicionado de diferentes pistas por un total de 135.253 euros. El juez considera que el regidor «fraccionó artificiosamente en diversos contratos menores lo que [...] debería haber sido un contrato menor, sustrayendo de forma consciente y voluntaria dicha adjudicación al procedimiento legalmente establecido», sin tener en cuenta los principios de publicidad y libre concurrencia. Eludió el procedimiento, señala el fallo, y también los cinco reparos que formuló el interventor. De haber contratado conforme a un contrato mayor (el límite está en los 50.000 euros), como en realidad era, los requisitos habrían sido mucho mayores. En el juicio, el regidor negó que hubiese tal fraccionamiento (aunque se emitieron veinte facturas), señalando que «se trataba de obras pequeñas que le encargó de palabra al coacusado, dado que eran urgentes, entre otros argumentos.
Cernadas, por su parte, indicó que el alcalde no le encargó todas las obras el mismo día, sino que «iban surgiendo», y emitía las facturas conforme iban terminando. Eran urgentes, y el propio alcalde, o los vecinos, avisaban de las que eran urgentes.