El dueño del bajo asegura que sus obras nada tienen que ver con las grietas
08 oct 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Las tres familias desalojadas el domingo de un edificio en Ponteceso por precaución ante la aparición de grietas en los tabiques deberán esperar al menos hasta hoy para volver. Por la mañana se realizó una visita técnica al inmueble, en una calle perpendicular a la Eduardo Pondal y cercana al Anllóns, y por la tarde otra más. La condición para el regreso era el apuntalamiento de una apertura para la entrada al garaje del bajo, una obra que supuestamente estaría detrás de la aparición de las hendiduras, causa a su vez del desalojo.
El alcalde, Lois García Carballido, estaba pendiente de que se realizase esa actuación y de tener el informe técnico para dar luz verde al regreso, y finalmente por precaución esperarán a ver cómo evolucionan unas marcas de yeso. Se dieron de plazo 24 horas más. Recordó que los trabajos en el bajo se hicieron sin licencia y sin proyecto, y que el PXOM no permite sótanos en esa zona.
Afectados por la situación comentaron que lo que hizo el dueño ayer fue «unha chambonada» y así es imposible garantizar nada. El propietario del bajo, José Ramón Cardezo, señaló que puso unas estacas en la apertura que realizó el jueves, pero descarta que su obra tenga que ver con las grietas. El local en su día fue una mueblería, luego un supermercado y ahora lleva tres o cuatro años vacío. El jueves abrió un boquete, de tres metros de ancho por dos y medio de alto, en una pared tabicada en ladrillo, y que antes estaba abierta para dar servicio al supermercado. Para ello, explica, empleó una rebarbadora, y el objetivo es meter y sacar el coche. Por eso considera que las grietas no tienen que ver con su obra. Afirma que, de hecho, es un problema común: «O terreo é como é. Por natureza, escachan. Mesmo os que están pilotados teñen escachaduras». Pero se pregunta si no tendrá que ver con otros trabajos realizados en el inmueble, y que no tienen nada que ver con el suyo.
Cardezo dijo que no pudo ser localizado para entrar en el bajo y ver las obras, pues que a quien llamaron fue a su padre (el constructor del edificio, hace 41 años), y no a él, que es el dueño del local. Él en ese momento estaba en Vigo. Y al respecto de la licencia asegura que sí tenía previsto presentar el proyecto para colocarle un marco a esa apertura.
Problemas estructurales por las obras de un inmueble
Las grietas no son un agente extraño en ciertos inmuebles de Ponteceso, sobre todo en algunos situados entre la avenida Eduardo Pondal y el Xuncal o el río Anllóns. Hace justamente diez años que los vecinos de una de las manzanas más céntricas de la localidad empezaron a ver cómo aparecían roturas en las paredes. Comentaban entonces que los problemas habían empezado con el inicio de unas obras de excavación de una promoción inmobiliaria situada entre este grupo de casas y el río.
Los primeros daños aparecieron en las construcciones más próximas y afectaron a edificios que no fueron pilotados cuando se levantaron, pero al final se fueron extendiendo a otro. Fachadas, suelos y paredes empezaron a deteriorarse y se generó un problema muy serio, obligando entonces a acometer algunas obras de reforma y a cerrar algunas estancias, incluidos locales comerciales.
Con mucha paciencia se fueron sucediendo intervenciones en un inmueble de cinco plantas, que dio mucho que hablar, por lo espectacular de la intervención: en el 2010 (llevaba poco tiempo habitado) se apuntaló el edificio y después se izó con una técnica pionera en España. Fue muy espectacular: 26 gatos hidráulicos repartidos entre los 15 pilares de la planta.
Al margen de los problemas estructurales (o derivados de ellos), las frecuentes inundaciones siempre han marcado una amplia zona del casco urbano, más o menos arreglada.
El TSXG obliga a modificar el PXOM y a dar más edificabilidad
El Concello de Ponteceso tiene ya muy avanzada una modificación puntual (la segunda) de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). En este caso, debido a una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que estima en parte la demanda presentada por un particular, Jaime Valdés Parga. En resumidas cuentas, una de sus fincas pasa a ser considerada al completo como suelo urbano consolidado, lo que a efectos prácticos significa ganar edificabilidad. En números, y como se indica en la tramitación de este cambio urbanístico, «se prevé un incremento de 1.393 metros cuadrados de edificabilidad, equivalente a doce viviendas». Y todo eso debe ser dotado de sistemas generales de espacios libres y equipamientos, como detalla la documentación del cambio urbanístico.
No parece mucha cosa en un gran núcleo urbano como es Ponteceso, sobre todo porque afecta a una finca relativamente pequeña. Y porque, como se detalla también, «no modifica ninguna parcela ordenada como equipamiento o espacio libre», pero hay que cambiar necesariamente algunos parámetros en ese ámbito. Y no es uno cualquiera. Es, como tantos en Ponteceso, una zona muy próxima al río donde hay otros inmuebles que han tenido problemas por levantarse en terrenos no precisamente muy firmes.
Otro detalle a tener en cuenta, aunque a efectos urbanísticos es irrelevante, es que el demandante, que ha ganado en parte, falleció en junio de este año. Él había sido uno de los muchos vecinos (aproximadamente, una docena) que hace cuatro años presentaron diversos recursos por la vía administrativa contra el PXOM, por considerar que había viviendas fuera de ordenación o porque algunas fincas -como era su caso- perdían edificabilidad. Sí se mantenía la catalogación de suelo urbano, pero en parte de esa parcela le otorgaban la condición de suelo no consolidado, y ahora lo será de manera íntegra.
No era la primera vez que Valdés Parga mantenía la litigiosidad por algunas de sus muchas propiedades en el casco urbano pontecesán.
Ya a principios del 2014 se conoció una sentencia del Tribunal Supremo en la que desestimaba el recurso de casación que este heredero de Eduardo Pondal había presentado contra una resolución del Ministerio de Medio Ambiente, validada por la Audiencia Nacional, por la que se aprobaba el deslinde de bienes de dominio público marítimo terrestre en un tramo litoral de casi 10 kilómetros, entre el muelle de Balarés y el límite con el municipio de Cabana.
La parcela, cerca del río, podrá tener ahora doce viviendas más de las previstas