Quién es quién en el GALP de la comarca

PONTECESO

29 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El GAC de la Costa da Morte ya nació en el 2008 con cierto escándalo. Tuvo que intervenir el fiscal jefe provincial para investigar la falsificación de una firma, en la que se autorizaba la presencia de una falsa representante de una asociación que llevaba años inactiva. Es el movimiento social el que más representación tiene todavía en una entidad que gestiona 2,5 millones de euros anuales para dar alternativas a la pesca en la zona. Entonces había 90 asociaciones y todas ellas eligieron como representantes a los responsables de PX y la de vecinos de Carantoña. Han pasado casi 10 años, hay nuevo plan y nuevo nombre, pero los miembros de la junta directiva son los mismos de entonces.

Llama la atención que ninguna otra entidad se haya interesado por formar parte de un equipo que decide qué proyectos pueden recibir subvenciones públicas. Asimismo resulta curioso que la representación del sector económico recaiga en las asociaciones de empresarios de Malpica, la de comerciantes del mismo pueblo, la de Vimianzo y la de Ponteceso, algunas de ellas sin actividad.

También sigue Evaristo Lareo, que fue patrón mayor de Caión y presidente de la Federación Galega de Confrarías, pero que lleva años jubilado. A la portavoz de Pesca del PSOE, Loli Toja, también le chocó y ha llevado el asunto al Parlamento de Galicia. Considera la diputada que este proceder «é unha mostra da xestión irresponsable e desastrosa dos recursos públicos procedentes da UE por parte da consellería». Además recuerda que Rosa Quintana aseguró en el 2014 que Lareo Viñas tendría que abandonar la presidencia del GAC al mismo tiempo que dejaba de presidir una cofradía que solo tiene un puñado de socios porque en Caión quedan solo cinco barcos.

En el GALP explicaron ayer que Evaristo Lareo sigue presidiendo la junta directiva porque es la persona designada por la cofradía. Lo mismo que en caso de las asociaciones, choca que estén al frente del grupo entidades con una mínima representación y sin apenas socios, como si el reparto del dinero comunitario no interesara a nadie.

El GALP cuesta no poco cada año. La cuarta parte del presupuesto se va en el funcionamiento y las acciones propias del grupo, que no han tenido demasiada repercusión. De hecho, los proyectos propios emprendidos han fracasado o han tenido un muy discreto éxito. Cada año se van 365.235 euros en que el GALP se mantenga y casi 1,1 millones para subvencionar iniciativas públicas y privadas.

Además, han contratado una auditoría para controlar las cuentas propias y ajenas. Hay que añadir otros 35.7.510 euros de aquí al 2020.