En la comarca podrían estar afectados medio millar de trabajadores
20 ene 2012 . Actualizado a las 16:10 h.Los ayuntamientos españoles no solo no podrán ampliar este año sus plantillas de funcionarios, sino que el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, también les impide contratar personal temporal o interino «salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales».
¿En qué medida se verán afectados los concellos de la Costa da Morte? En principio, y a falta de una explicación más concreta por parte del Gobierno central, una aplicación estricta del decreto impediría incluso la contratación de personal subvencionado por la Xunta de Galicia, como es el caso de los orientadores laborales, o por la Diputación, como las cuadrillas para las playas, lo que podría suponer medio millar de trabajadores.
Por ello, alcaldes como el de Carballo, Evencio Ferrero, ha decidido recurrir al servicio de asistencia a municipios de la Diputación para que emita un informe sobre «como afecta no noso caso». El carballés podría ser un municipio especialmente perjudicado, ya que puede llegar a contar hasta con 170 laborales a lo largo del año, pero la peor parte correspondería a Dumbría, que no podría poner en marcha su plan de empleo para 200 personas, una paradoja si se tiene en cuenta que el objetivo del Real Decreto-ley del 30 de diciembre es, precisamente, fomentar la inserción laboral. «Se non o podemos facer, apaga e vámonos, que lle expliquen á xente que non vai poder traballar», apunta José Manuel Pequeño Castro.
En general, los regidores de la Costa da Morte desconocen el alcance de la medida, pero algunos afirman con rotundidad que las contrataciones de socorristas o personal de limpieza para las playas no resultarán afectadas. Así lo creen el laxense Antón Carracedo o el malpicán Eduardo Parga, que está pendiente, de hecho, de una subvención de 178.000 euros de la Consellería de Traballo e Benestar para contratar a once personas para los arenales. «Entendo -manifestó Parga- que este convenio, ao ser subvencionable ao 100 % pola Xunta, non se verá afectado por este decreto do Goberno central».
Evencio Ferrero no es tan optimista, según la información que le han transmitido los servicios jurídicos municipales. De hecho, el alcalde de Carballo está convencido de que la decisión de la Xunta de privatizar las nuevas escuelas infantiles está relacionada con esta medida, que también afecta a las Administraciones autonómicas.
Todo apunta a que este año, como ha ocurrido con las guarderías, los contratos tendrán que hacerse a través de empresas privadas, lo que para algunos regidores supone un sinsentido. «Todo isto fomenta a creación de empresas, co cal ou as Administracións terán que pagar máis ou os traballadores terán que cobrar menos, o que supón unha maior precarización do traballo», señaló Ferrero.
El muxián Félix Porto también es de los críticos. Sin cuantificar todavía la incidencia en el municipio, cree que el decreto puede generar problemas y considera injusto que se aplique el mismo rasero a Administraciones con déficits importantes y a otras saneadas y casi sin deuda, como dice que es el caso del Ayuntamiento de Muxía.