PUNTO DE VISTA | O |
02 mar 2007 . Actualizado a las 06:00 h.EL DEBATE que se ha abierto en Boiro con respecto a las consecuencias de la ley de ordenación del litoral plantea tres planos de discusión. El primero, de orden político supralocal, es la pertinencia o no de la medida. Puede sostenerse apelando a la necesidad de ejemplificar la disciplina de planeamiento, pero no por criterios técnicos urbanísticos y de respeto al litoral. ¿Por qué 500 metros y no 300 o 800? No hace mucho se aumentó de 100 a 200 metros. Habrá que ir pensando en que empiezan a sobrar normas y lo que hay que hacer es cumplirlas. Este proyecto de ley puede modificar las normas, pero está por ver si desde la esfera del derecho no habrá conflictos importantes. Los municipios tienen tal cantidad de competencias en materia urbanística que los ayuntamientos de la costa podrían acabar pleiteando con la Xunta o incluso saltándose las normas fuera del ámbito de protección para dar salida a la presión de la construcción. El segundo plano se refiere a como ha encajado el bipartito de Boiro la norma. Al tomar el proyecto como una ley aprobada, el gobierno local no puede aparecer como díscolo ante sus jefes y trata de apurar al máximo las posibilidades. Si no consigue sacar adelante ningún plan parcial difícilmente le podrá echar la culpa al gobierno autonómico, porque son sus teóricos amigos. Si abandera la protección del litoral, lo tiene difícil. Si pretende salvar lo que pueda dentro del marco actual, entonces la oposición puede cargarle la responsabilidad de no haber hecho el trabajo a tiempo. El tercer plano se sitúa en el ámbito de la política interna. En las últimas semanas, los partidos, tanto del gobierno como de la oposición, han estado cambiando y matizando su opinión sobre los planes parciales y la postura ante el proyecto de ley. Incluso se han recabado informes a expertos urbanistas y juristas. Los ciudadanos están desconcertados, no sólo por el baile de opiniones, sino porque hay una pregunta en el aire que flota y sigue sin respuesta. ¿Está o no está adaptado el PXOM del 2003 a la ley 9/2002? ¿Cuál es el alcance de la inclusión formal de esa ley en la normativa legal del plan?. Es hora de discutir estas cuestiones. Es hora de que cada partido exponga su postura y el plan de acción. Este asunto empieza a parecerse a una sala de espera sin esperanza.