La empresa pide, como medida cautelar, que se le abonen las facturas pendientes La compañía sostiene que este impago la obligará a decretar una suspensión de pagos
12 sep 2003 . Actualizado a las 07:00 h.?a empresa eléctrica Goday ha decidido interponer un recurso contencioso administrativo contra el Concello de Vilanova para reclamar el pago de la deuda. En la demanda, la compañía solicita también al tribunal que, como medida cautelar, obligue al equipo de gobierno a hacer frente al pago. De no ser así, se estaría poniendo en peligro la viabiliad económica de la empresa. La reclamación de Goday llega después de haber realizado numerosos intentos para que Vilanova pague sus deudas. Ni el corte del luz a una estación de bombeo, ni los intentos de negociación en los que intervino la consellería de Industria han surtido efecto y, a día de hoy, el Concello no ha hecho frente a ninguno de los pagos previstos. La empresa asegura que la última reclamación la efectuó el pasado 4 de marzo y que, tampoco en esa ocasión, obtuvo respuesta por parte del equipo de gobierno. Transcurridos tres meses, ha decidido recurrir al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Goday reclama a Vilanova el pago de 249.518 euros, más los intereses. Pero es que, además, la firma solicita también que el municipio abone el porcentaje de la deuda que le fue atribuida por el decreto de segregación. Obligación El recurso de la compañía eléctrica incluye también la solicitud de una medida cautelar que obligue a Vilanova a hacer frente a las deudas. Asegura Goday que una demora en el cobro de las cantidades adeudadas hasta el momento en el que haya una sentencia firme provocaría que se perdiese por completo la finalidad del recurso. En este sentido, destaca que «difícilmente la empresa podrá continuar resistiendo por más tiempo la situación de impago habiendo agotado las fuentes de financiación y viéndose abocada a una suspensión de pagos o quiebra», explican en el mencionado recurso. Añaden además que esta iniciativa para que Vilanova pague antes de que haya una sentencia no causa perjuicio alguno ni a terceros ni a los intereses generales y por ello solicita al tribunal que la ponga en marcha cuanto antes.