La Fiscalía pide ocho años y medio de prisión para cada uno de los acusados, a los que atribuye el desvío de un pago por 23.000 euros
22 ene 2026 . Actualizado a las 13:58 h.El juicio contra cinco individuos de nacionalidad rumana, acusados de supuestos delitos de falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial de forma continuada, de pertenencia a grupo criminal y de descubrimiento y revelación de secretos, fue de nuevo suspendido y se celebrará el 23 de febrero.
La vista marcada para el pasado 28 de noviembre en el Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo, ya fue aplazada en primera instancia por la posibilidad de que las partes implicadas llegasen a un acuerdo para resarcir a la empresa supuestamente perjudicada, una Unión Temporal de Empresas (UTE) mariñana. Sin embargo, ayer no hubo conformidad entre la Fiscalía y las defensas.
Los cinco acusados afrontan, cada uno, penas de ocho años y seis meses de cárcel, además de multas por 1.620, 2.160 y 3.240 euros, y una indemnización conjunta en la suma de 16.520 euros para una UTE de Mondoñedo. Según la versión de la Fiscalía, los encausados entraron en las comunicaciones de la sociedad para, con el empleo de «técnicas sofisticadas», desviar el pago de una factura por casi 23.000 euros.
«Los acusados lograban acceder a los correos electrónicos de las víctimas, ejerciendo un control sobre sus comunicaciones. Aguardaban el momento oportuno para, durante la realización de una transacción económica comercial, modificar el número de cuenta de pago consignado en la factura enviada por el proveedor, sustituyéndolo por el de otra cuenta que estaba bajo el control de la trama delictiva», describe el escrito de calificación.
En julio del 2023, los acusados dieron de alta una línea telefónica en una tienda de Granada, utilizando una identidad falsa. Un mes después, registraron una cuenta de correo electrónico y una cuenta bancaria para la que utilizaron como soporte un DNI con el que usurparon la identidad de otra persona, «implantando en dicho documento una fotografía que no se corresponde con la misma y una firma que tampoco se corresponde con la de esta, sino que pertenece a uno de los encausados», añade.
En ese mismo mes de agosto del 2023, una UTE recibió un correo con una factura, y realizó una transferencia de 22.801 euros a una entidad bancaria que resultó estar controlada por la trama delictiva. Tras mandamiento judicial, el banco reingresó 6.281 euros.