A juicio una banda criminal rumana por «sofisticados» ciberataques a pequeñas y medianas empresas
MONDOÑEDO
Cada uno de los cinco acusados, a los que se les imputa haber entrado en el correo de una firma mariñana y modificar el pago de una factura de casi 23.000 euros, afronta ocho años y medio de prisión
25 nov 2025 . Actualizado a las 12:07 h.Cinco hombres, todos ellos de nacionalidad rumana, serán juzgados el próximo viernes en la Sala de lo Penal número 2 de Lugo, como autores de supuestos delitos de falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial de forma continuada, pertenencia a grupo criminal y descubrimiento y revelación de secretos. La Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de ocho años y medio de cárcel, por haber realizado «selectivos» y «sofisticados» ciberataques a pequeñas y medianas empresas (pymes).
El caso procede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mondoñedo. Según el Ministerio Fiscal, entre el primer semestre del 2023 y marzo del 2024, los acusados, de carecen de residencia fija en España, «constituyeron un grupo de personas dedicado a llevar a cabo ataques selectivos contra objetivos previamente identificados, focalizando sus acciones en pymes por sus limitadas medidas de seguridad, lo que las convertía en un blanco vulnerable».
«Mediante el empleo de técnicas sofisticadas, los acusados lograban acceder a los correos electrónicos de las víctimas, ejerciendo un control sobre sus comunicaciones. Aguardaban el momento oportuno para, durante la realización de una transacción económica comercial, modificar el número de cuenta de pago consignado en la factura enviada por el proveedor, sustituyéndolo por el de otra cuenta que estaba bajo el control de la trama delictiva», describe el escrito de calificación.
Para acometer los delitos, siempre según la Fiscalía, investigaban y recopilaban información para suplantar la identidad de las empresas, y engañando y manipulando consumar el fraude.
En julio del 2023, los acusados dieron de alta una línea telefónica en una tienda de Granada, utilizando una identidad falsa. Un mes después, registraron una cuenta de correo electrónico y una cuenta bancaria para la que utilizaron como soporte un DNI con el que usurparon la identidad de otra persona, «implantando en dicho documento una fotografía que no se corresponde con la misma y una firma que tampoco se corresponde con la de esta, sino que pertenece a uno de los encausados», añade.
En ese mismo mes de agosto del 2023, una Unión Temporal de Empresas (UTE) recibió un correo con una factura, y realizó posteriormente una transferencia de 22.801 euros a una entidad bancaria que resultó estar controlada por la trama delictiva. Tras mandamiento judicial, el banco reingresó 6.281 euros. La entidad reclama la indemnización que pueda corresponderle.
La Fiscalía detalla en su escrito cómo se organizaban los presuntos delincuentes. «C. era quien planificaba las ubicaciones y realizaba las gestiones de logística para los hospedajes, cambios de zona y también procedía a la apertura de cuentas y a la extracción de efectivo en cajeros para llevar a cabo la actividad criminal descrita», apunta.
«La actividad del resto era la apertura de cuentas online con las documentaciones falsificadas con sus fotografías insertadas, para lo que era necesaria la realización de un selfie, según las especificaciones de seguridad de cada entidad bancaria, para lo que era preciso que la imagen del DNI mostrado se correspondiese con la persona que realizaba la apertura de la cuenta», prosigue. En marzo del 2024, se dictó auto de entrada y registro en el domicilio de los acusados en Málaga, encontrándose un ordenador portátil que contenía un programa de diseño gráfico; numerosa documentación y pasaportes de ciudadanos daneses y rumanos; y cinco documentos nacionales de identidad falsificados en los que constaba la fotografía de uno de los encausados, enumera la Fiscalía.
También, cartas de identidad de Hungría, Dinamarca, Italia falsificadas; fotogramas de aperturas de cuentas en diversas entidades bancarias; teléfonos móviles; tarjetas bancarias; billetes por 1.045 euros; y certificados de registro de ciudadanos en la Unión Europea con sello de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Los encausados permanecen en prisión desde entonces.
Además de la pena de prisión, afrontan multas por 1.620, 2.160 y 3.240 euros, además de una indemnización conjunta a la empresa mariñana por 16.520 euros, más los intereses legales.