Obama prorroga la suspensión de un artículo de la Ley Helms Burton para Cuba
16 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Dispuesta a retomar el centro de su carrera, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, reapareció ayer en Washington después de un mes para lanzar una seria advertencia a Irán de que «el tiempo para el diálogo se está agotando» y que su oferta para conversar sobre el plan nuclear «no es indefinida».
Durante las últimas semanas, el trabajo de Clinton se había eclipsado por dos hechos tan diferentes como molestos para la ex primera dama. Por una parte, una incómoda rotura de codo el 18 de junio la obligó a cancelar viajes programados a Italia, Grecia y Afganistán. Además, la visita de Barack Obama a Rusia acaparó la atención de todos los medios de comunicación.
Ayer, la secretaria de Estado protagonizó una rueda de prensa para anunciar una gira a Tailandia y a la India. Y para otoño, viajes a Rusia y Pakistán.
En la advertencia a Teherán recordó que Washington está «dispuesto a dialogar, pero esta no es una oferta indefinida porque la acción debe comenzar ahora». Y defendió esa postura de relaciones con el país persa «porque no se consigue nada con el silencio». La conveniencia de hablar con el régimen de Teherán le costó un enfrentamiento con Obama durante el período de primarias. Entonces, Hillary Clinton lo llamó ingenuo por su predisposición al diálogo.
La demócrata aseguró ayer que ambos entienden «lo importante que es intentar dialogar con Irán y ofrecer a sus dirigentes una opción clara: o bien convertirse en un miembro responsable de la comunidad internacional o continuar sobre la vía del aislamiento».
Clinton urgió también a los Estados árabes a realizar «gestos ahora» frente a Israel con el objetivo de dar un impulso al proceso de paz en Oriente Medio y demostrar que apoyan una solución de dos Estados, uno israelí y otro palestino.
Por otra parte, Barack Obama prolongó la suspensión del capítulo de la Ley Helms Burton de 1996, que permite sancionar a empresas extranjeras que usan propiedades en Cuba expropiadas a ciudadanos norteamericanos tras el triunfo de la revolución en 1959. Ese capítulo nunca había entrado en vigor desde que se aprobó la ley.