El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) con sede en La Haya, Luis Moreno Ocampo, pedirá el arresto de Omar Hassan al Bashir, presidente de Sudán, por «genocidio y crímenes de lesa humanidad» perpetrados durante los últimos cinco años en la convulsa región de Darfur. Varios medios de ambos lados del Atlántico publicaron ayer la noticia, a la espera de que Ocampo presente su informe el próximo lunes. De confirmarse, sería la primera vez que el TPI imputa crímenes tan graves a un jefe de Estado en activo. El mes pasado, el fiscal argentino señaló que «todo el aparato del Estado» sudanés estaba involucrado en el ataque contra civiles, subrayando que al frente de esta campaña de violencia sistemática se hallaban «muy altos funcionarios» del Gobierno.
En tono amenazante, a través de su embajador en la ONU, Sudán ya ha advertido que Ocampo «está jugando con fuego» y que una orden de detención contra su presidente «tendría graves consecuencias». «Tenemos todas las opciones encima de la mesa», añadió. Fuentes diplomáticas en Nueva York se mostraron preocupadas ante la posibilidad muy real de que la imputación de Bashir entorpezca el proceso de paz en marcha en Darfur.
Preguntado por la noticia, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, evitó pronunciarse y se limitó a decir que aún no ha recibido ninguna comunicación oficial. «Lo que no es posible es que haya paz sin justicia. Tendré que valorar todas las opciones cuando se pronuncie el tribunal», añadió.
Estados Unidos tampoco ha querido confirmar la veracidad de estas informaciones. «Eso hemos oído», dijo Sean McCormak, portavoz del Departamento de Estado. Lo que sí hizo fue advertir al Gobierno de Jartum para que se abstenga de cualquier venganza, que podría dirigirse contra los casi 10.000 soldados de la ONU y de la Unión Africana (UA) que conforman la misión de paz para Darfur. La noticia se conoció la misma semana que una emboscada en dicha provincia acabó con la vida de siete cascos azules.
El embajador francés ante la ONU, Jean-Maurice Ripert, aconsejó esperar hasta el lunes para conocer el informe que presente Ocampo. No obstante, indicó que «si el proceso va en la dirección que parece ir, naturalmente debemos ser conscientes de los efectos que puede tener sobre el terreno».
Hasta el momento, el Tribunal Penal Internacional ha emitido dos órdenes de arresto que el Gobierno sudanés, que no reconoce su jurisdicción, ha decidido ignorar: contra el ministro Ahmad Harun y el jefe de las milicias Ali Kushayb.
Se estima que hasta 300.000 personas han muerto en Darfur desde que se inició este conflicto étnico en el 2003 y que 2.5 millones han sido desplazadas de sus hogares. Ocampo acusa a las milicias Janjaweed, de origen árabe, de ser responsables de las matanzas contra la minoría africana y de estar respaldadas por el Gobierno de Bashir. La ONU ha calificado la dramática situación que atraviesa la población de Darfur como la peor crisis humanitaria. Estados Unidos la ha tachado de genocidio.