El grupo municipal del BNG admite que los trámites para la firma del convenio de urbanización del puerto seco van más lento de lo deseable, pero no ve ningún motivo de preocupación sobre el compromiso de la Xunta con este proyecto. Así lo dejó entrever María Xosé Vega, en su calidad de portavoz del equipo de gobierno, en respuesta al anuncio del PP sobre su salida de la comisión de seguimiento de la plataforma logística.
«É certo que na Xunta, como en calquera outra administración, os prazos moitas veces non son tan rápidos como nos gustaría a todos», manifestó María Xosé Vega. Según admitió, en el caso concreto del puerto seco las cosas van «máis lento do que un desexa».
La concejala afirmó, no obstante, que «non hai ningún síntoma de inquietude ou preocupación» detrás del retraso que acumula la firma del convenio para la urbanización de los terrenos. También descartó que pueda existir algún problema de «falta de sintonía» entre las consellerías de Política Territorial y Vivenda, que son las que deberán suscribir el acuerdo para que Xestur ejecute las obras.
Sobre la decisión del PP de abandonar la comisión de seguimiento del proyecto del puerto seco, la concejala lamentó que este partido siga el camino del PSOE y que se rompa «a unidade de todos os grupos políticos e os sectores empresariais».
El PSOE anunció en septiembre del 2007 que no se sumaría a la comisión argumentando que el alcalde podría utilizarla para «sacar partido do traballo dos outros». El pasado fin de semana el PP decidió abandonarla como señal de protesta ante el reiterado incumplimiento de los plazos anunciados para la firma del convenio.
A título personal, el aún delegado de la CEL, Ovidio Pérez Reñones, pidió ayer a los populares que «reflexionen» antes de formalizar su salida del grupo de trabajo sobre el puerto seco. «Penso que non é o momento de irse. Se hai retrasos, a comisión ten que reunirse e ir ás instancias das que depende o convenio», manifestó. Según indicó, la comisión tiene constancia de que el convenio está listo para ir al Consello de la Xunta y sólo resta su revisión por parte de los servicios jurídicos.