Las medidas cautelares se quedarán en meros apercibimientos ante el fracaso del principal intento en Grecia
24 ago 2008 . Actualizado a las 02:00 h.Cuando se cierre el sumario del caso Prestige , probablemente a principios del año que viene, la Justicia española no habrá podido ejecutar ninguno de los cuatro posibles embargos de bienes de los responsables de la catástrofe que se plantearon en los más de cinco años de instrucción judicial. En realidad, la adopción de medidas cautelares para asegurar un patrimonio que pueda responder a las indemnizaciones se quedará en meros apercibimientos a las empresas implicadas y en un intento de embargo frustrado por parte de la Fiscalía que la jueza se negó a implementar.
El caso más decepcionante es la nula ejecución del auto judicial por el que se trababa embargo de los bienes y el dinero en metálico de la armadora del petrolero, Universe Maritime, con sede en Atenas (Grecia). En aquel auto de mayo del 2005 que suponía un interesante precedente a nivel internacional y que declaraba a la armadora responsable civil directo de la catástrofe se solicitaba a la Justicia griega que embargase activos por valor de 87,7 millones de euros. Esta cantidad valoraba de forma provisional y muy a la baja los daños provocados por la marea negra a particulares y excluía por tanto el gasto del Estado, o lo que es lo mismo, la factura más abultada.
Esta opción podría servir para asegurar que los eventuales responsables del vertido respondan por los daños más allá del límite de responsabilidad -apenas 25 millones de euros- fijado por la normativa internacional y que ya depositó el seguro en una cuenta bancaria del juzgado. Sin embargo, fue abortada tanto por la Justicia griega como por Eurojust, el órgano europeo encargado de coordinar las acciones judiciales transnacionales en el territorio de la Unión Europea. La razón es que la responsabilidad civil no va pareja a la acción penal en la mayoría de las jurisdicciones europeas, aunque en España son dos procesos que suelen solaparse.
Sin notificación
No obstante, esta comisión rogatoria enviada a Grecia sigue oficialmente en curso, pues el juzgado de Corcubión continúa en realidad sin constancia oficial por parte de la Justicia griega de su negativa a trabar el embargo decretado contra Universe Maritime.
La tramitación es crucial, pues en cualquiera de los casos debe constar que la armadora ha sido notificada de su declaración como posible responsable civil de la catástrofe. Este apercibimiento pedido por la Abogacía del Estado es una acción preventiva para que, una vez terminado el juicio, puedan reclamarse daños por la vía civil sin que los afectados aleguen indefensión o falta de conocimiento.
Esta vía y no la del embargo directo fue la utilizada también contra la propietaria de la carga -Crown Resources, ahora ERC trading- y la aseguradora del barco -London P&I Club-, a las que a través de sendas comisiones rogatorias a Suiza y el Reino Unido también se les notificó que pueden ser declarados responsables civiles directos. El argumento legal radica en que, de lo instruido hasta ahora en la causa, se deduce que los daños también fueron originados por una acción u omisión de estas entidades, bien de forma temeraria o a sabiendas de que probablemente se producirían.
En realidad se trata de un anuncio de demanda civil por parte del Estado español, similar a la que está pendiente de recurso en Estados Unidos contra ABS, la sociedad de clasificación del buque, a la que se le reclaman 1.000 millones de dólares.
Medidas cautelares
Ninguna de estas dos comisiones rogatorias adoptan medidas cautelares o embargos, por lo que distintas fuentes consideran que el simple aviso relativo a la responsabilidad civil provocará que la propietaria de la carga, una empresa de raíz rusa con sede en el cantón suizo de Zug, termine descapitalizándose. Solo hay que tener en cuenta que la primera decisión que tomaron tras el accidente fue la de cambiar el nombre corporativo.
La última medida cautelar propuesta fue la de intentar inmovilizar los siete millones de dólares con los que se compensó al dueño del Prestige por la incautación de uno de sus petroleros acusado de transportar crudo iraquí en pleno bloqueo. La Fiscalía solicitó que se interviniera esa cantidad en el Alto Tribunal de Londres, pero la jueza denegó la petición.