María Álvarez, la vecina de Moaña que perdió una vivienda que había recibido en herencia por una ejecución hipotecaria, logró que el concello de Moaña crease una comisión para promover la dación en pago -la primera en Galicia- y llevará la misma propuesta al pleno de Cangas el 12 de enero.
Aunque colectivos como el 15-M y Stop Desahucios han conseguido frenar desalojos en Ferrol y A Coruña, y en esta ciudad el BNG promovió con éxito una iniciativa para que el ayuntamiento estudie la dación en pago como alternativa a los desahucios, ha sido en O Morrazo donde la contestación social ha calado de manera más clara.
Aquí, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cuya creación impulsó María, pedirá la colaboración del concello de Cangas. Reclama que los afectados reciban asesoramiento jurídico, se les elimine el impuesto de plusvalía y que los servicios sociales municipales reclamen ante el juez que suspenda las ejecuciones cuando se trate de la vivienda familiar, a fin de no perder la custodia de los hijos.
María fue la impulsora de la primera movilización contra los desahucios que se celebró en Galicia. Tuvo lugar el 28 de abril ante la oficina de La Caixa de Moaña, un par de de horas antes de que defender en el pleno de la corporación una moción en la que instaba al concello a implicarse, promoviendo la dación en pago.
«A los bancos les da igual que te estés muriendo o que tus hijos coman o no; les da igual todo», afirma María.
Su iniciativa señaló el camino a otros afectados. Como la canguesa Rosana, que no sabía qué hacer cuando recibió la orden judicial, «un tocho de papeles del que no entendía nada». Rosana ya tenía listas las maletas cuando contactó con María. Ahora esta dispuesta a hacerse fuerte en su piso.
Una joven pareja moañesa incapaz de pagar las dos últimas cuotas de su hipoteca (al tercer impago, el banco exige la totalidad de la deuda y abre el proceso de desahucio) también acudió a la PAH Morrazo. Les recomendaron entregar en el banco una carta para pedir la dación en pago y, simultáneamente, un contrato de alquiler por cinco años del piso perdido.