La plataforma ciudadana que solicita la supresión del veto dice que Bruselas indultó a los astilleros polacos
11 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La comisión ciudadana en defensa de Navantia Fene y del sector naval gallego, Rumbo 21, reaccionó ayer ante las declaraciones del comisario de Competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, en las que aseguraba que el levantamiento del veto a la construcción naval civil en el astillero costaría 975 millones de euros al Gobierno central. Desde la entidad, que convocó hace dos semanas una manifestación para pedir el fin de las restricciones en la antigua Astano y que secundaron cerca de 3.000 personas por las calles de Ferrol, denuncian un trato «desigual» de Bruselas en el caso de las factorías españolas frente a las polacas, que recibieron subvenciones similares.
Además, tanto asociaciones sindicales como empresariales reiteran al Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero que cumpla su promesa para reabrir el expediente sancionador que pesa sobre las fábricas navales públicas y consideran que está desviando la mayor parte de la carga de trabajo hacia la bahía de Cádiz en detrimento de la ría de Ferrol. «Na Unión Europea hai claramente dúas varas de medir -explica el presidente de Rumbo 21, Ramón Yáñez-, por un lado está o veto aos estaleiros públicos españois e por outro o caso polaco. Os dous Gobernos deron subvencións para reactivar as factorías navais, pero mentres os polacos poden construír buques para uso civil e non tiveron que devolver as axudas, no noso caso temos un veto que non se levantará ata o ano 2015».
El colectivo considera «prioritarias para o futuro da comarca a supresión das restriccións á antiga Astano», por eso reiteran la solicitud al Gobierno central para que pida a la Comisión de Competencia que reabra el expediente del acuerdo que la Unión Europea y la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) cerraron en el 2005 y que fija el plazo para el regreso de la construcción civil a Navantia Fene para dentro de cinco años.
El presidente de la Asociación de Empresarios Ferrolterra, José Ramón Franco, resalta: «No demandamos que se consiga, sino que, por lo menos, se intente buscar una solución y que el presidente del Gobierno cumpla con lo que prometió hasta en tres ocasiones». El dirigente empresarial subraya que el documento que se rubricó hace cinco años contiene una cláusula que permite su revisión «en el caso de que haya una situación excepcional». «Me pregunto si la crisis económica que padece el país, con cuatro millones de parados, no ampara la ejecución de este apartado», recalca.
Por su parte, la CIG considera «vergoñento», que «a segunda comarca que máis paro ten en practicamente toda a Unión Europea non poda dispor ao cen por cen dunha instalación que chegou a liderar o mercado offshore». «É unha cuestión de vontade política», afirma el portavoz de la central en Ferrol, Xesús Anxo López Pintos.
Tanto Pintos como José Ramón Franco sostienen que Madrid está desviando la carga de trabajo para el astillero de Puerto Real, en Cádiz, en detrimento de la factoría de Fene.