Técnicos del Banco de España han insistido en reiteradas ocasiones que existe una sobrecapacidad bancaria, que la economía española, en plena recesión y reestructuración, es incapaz de sustentar. No se firman tantas hipotecas como en los años anteriores a la crisis de la subprime ni se concederán tantos créditos, por lo que el mercado requiere un menor número de bancos y cajas, pero mucho más competitivos. Este es uno de los motivos por el que el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez impulsa la fusión de cajas de ahorros desde hace meses. Y es previsible que con posterioridad propicie alianzas entre bancos.
Se requieren menos instituciones y más competitividad. Por ello, a priori, se persiguen entidades más grandes y eficientes. Pero solo a priori por, al menos, dos motivos. El primero es que una entidad más grande no siempre es más eficiente. El segundo es político (hoy el de mayor peso), y que deja adivinar un pacto entre los grandes partidos nacionales: las declaraciones del popular Mariano Rajoy se parecen más a las del socialista José Blanco que a las del presidente Feijoo.
El mapa
Andalucía, bastión del PSOE, está creando su gran caja. También Cataluña, gobernada nuevamente por los socialistas, está estructurando su mapa, y el País Vasco lo hará en el 2011. Por su parte, Madrid, gobernada por el PP, tiene una gran caja que, aún sin Rodrigo Rato al frente -según las previsiones, desembarcará en la entidad de manera oficial el día 28, aupado por PP y PSOE-, busca ya socios.
Si se fusionase con Caixa Galicia y la CAM se crearía la primera institución por volumen de activos, que superará así a La Caixa catalana. Esta es la opción que al parecer se defiende desde el Banco de España, quien se ha encontrado con un clima político y territorial hostil para llevar a cabo sus propósitos. Los Gobiernos de las comunidades autónomas con dos o más cajas defienden la unión entre estas instituciones, para evitar perder un instrumento financiero potente que facilite el desarrollo empresarial e industrial de su territorio. La fusión de Caixa Galicia y Caixanova, pendiente de la due diligence que certifique su viabilidad, sería el soporte más sencillo para dar viabilidad al proyecto del Banco de España, que es reducir capacidad bancaria e incremento de la eficiencia.
Entre otras cuestiones porque «las redundancias estarían más claras que si la unión se llevase con entidades como Caja Madrid», indican fuentes de la Bolsa, quienes pronostican que, a la larga, las grandes entidades que lideren uniones también procederán, a la fuerza, a realizar «ajustes laborales y estructurales de gran calado».
Este contexto hace incomprensible la oposición velada a la fusión gallega que mantiene el gobernador del Banco de España, quien, de acuerdo con fuentes políticas, no es previsible que Fernández Ordóñez tenga un enfrentamiento de esta magnitud con una comunidad autónoma, «enfrentamiento que no permitiría ni el partido ni el Gobierno».
Pero este no es el único problema que la reestructuración del mapa financiero nacional le ha surgido a Fernández Ordóñez. Según publicó El Economista el viernes pasado, ha autorizado un incentivo de 2.000 euros de media para todos los empleados de la quebrada CCM para evitar que los sindicatos abran la vía judicial contra la adjudicación de la entidad a un banco (Liberta, de Cajastur), que absorbió todo el negocio financiero de la caja. Cuando los pactos estén cerrados, en el mercado habrá cajas grandes y eficientes que convivirán con las llamadas «zombis» a las que les cueste sobrevivir. Serán las que no han podido o querido aliarse y no tienen tamaño.