Por pedir que no quede. Si el Ministerio de Vivienda anunciaba la semana pasada que avalaría la mitad del importe de los nuevos créditos concedidos para la compra de pisos protegidos, las grandes inmobiliarias -agrupadas en una patronal conocida como G-14- han visto en la medida la solución a sus problemas.
El presidente del lobby, Pedro Pérez, pidió este jueves que el Estado respalde la adquisición de pisos del mercado libre por un importe similar al planteado para la VPO, unos 6.000 millones de euros. Pérez fue más allá, al reclamar que esas ayudas se extiendan a la adquisición de inmuebles con un alto valor de tasación, de hasta 450.000 euros.
Si se tiene en cuenta que el importe de la hipoteca media que hoy se firma en España asciende a 119.067 euros (según los datos del Instituto Nacional de Estadística), la reclamación del G-14 es, de forma gráfica, avales públicos para que los ricos se compren casa.
El sector de la construcción atraviesa su peor momento, lastrado por la contracción del consumo y el corte decretado en el crédito por parte de las entidades bancarias. A esto se suma la competencia de los bancos y cajas, que ofrecen suculentos descuentos en su cartera de pisos, nutrida de inmuebles embargados a promotores y clientes morosos. Una práctica que Pérez calificó ayer, en línea con otros promotores, de «desleal».